El aplanador discurso a favor del fracking
27 agosto 2021
Por:
Tatiana Roa Avendaño[1]
Natalia Orduz Salinas[2]
El gobierno nacional colombiano defiende e impulsa la técnica de explotación petrolera llamada fracturamiento hidráulico o fracking en formaciones de lutitas, objeto de un gran debate nacional y mundial. Al momento de escribir este artículo, un gravísimo suceso ocurría en el país en relación con el desarrollo petrolero, de consecuencias prolongadas y que avivó la polémica alrededor del fracking, que el país se instaló desde hace cinco años por sus posibles efectos en la vida de comunidades y territorios.
El 2 de marzo de 2018, en la quebrada Lizama y el Caño Ciego del municipio de Barrancabermeja, explotó uno de los pozos abiertos en esa quebrada por la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). El chorro de aceite, lodo y agua alcanzó una altura de más de 15 metros, que provocó uno de los más graves derrames de hidrocarburos de los últimos tiempos. Ese pozo se conoce como Lisama 158p y se ubicó justamente a 27 kilómetros en línea recta del proyecto de Ecopetrol para hacer un experimento piloto de fracking. El desbordamiento del crudo contaminó más de 24 kilómetros de la quebrada, algunos kilómetros del río Sogamoso y se cree que trazas de petróleo llegaron al río Magdalena. La región, densamente poblada por campesinos y pescadores en pequeños asentamientos alrededor de las fuentes hídricas y las vías principales, se ha visto gravemente afectada ambiental, social y económicamente.
El fracking en lutitas o rocas generadora paraextraer petróleo o gas es un procedimiento tecnológico que se viene abriendo camino en Colombia desde hace casi dos décadas en favor de las empresas petroleras, que desde el año 2000 han hecho varios esfuerzos por avanzar con proyectos de los llamados yacimientos no convencionales (YNC). Entre estos, el fracking es quizás el más debatido. En Boyacá y Cundinamarca, la petrolera canadiense Nexen Petroleum Colombia Limited (en adelante, Nexen) ha explorado formaciones de lutitas en busca de gas; en los departamentos de Cesar y de La Guajira, Ecopetrol y la empresa estadounidense de carbón Drummond tienen proyectos para explotar metano en mantos de carbón. Otras compañías que han incursionado en el negocio son la angloholandesa Shell, las también estadounidenses Exxon y Connoco Phillips y la canadiense Canacol. En la Ronda de negocios petrolera de 2012, fue cuando se adelantó la primera y amplia oferta de crudos no convencionales.
En el último quinquenio, poblaciones y organizaciones ambientalistas lograron posicionar un amplio debate nacional sobre los yacimientos no convencionales, en particular, sobre su explotación por medio del fracking. Pasaron varios años mientras los proyectos exploratorios avanzaban sigilosamente buscando campos para fracking, antes que organizaciones ambientalistas y sociales levantaran denuncias que lograran tener receptividad en el resto de la población colombiana. Fue así como en 2012, varias organizaciones de Boyacá, Meta y Bogotá promovieron la llamada Primera Jornada Nacional contra el Fracking.
Después de que el debate se instalara en el país y de que llegara a otros lugares del mundo, jóvenes del municipio de Guasca (Cundinamarca) y luego pobladores locales en el municipio de San Martín (Cesar) iniciaron fuertes campañas locales. Activistas y comunidades denunciaron los riesgos que entrañan proyectos petroleros portadores de una técnica ampliamente cuestionada internacionalmente.
A medida que ha crecido la oposición ciudadana al fracking, se ha hecho más insistente la voluntad de del gobierno colombiano por implementarlo, representado en esta materia por el Ministerio de Minas y Energía. A tal oposición la antecede y la constituye un conflicto socioambiental antiguo generado por la explotación de hidrocarburos en sí misma, que en nuestro país tiene cerca de un siglo. La actividad petrolera hoy tiene una inmensa deuda ambiental con las regiones extractoras: la promesa de desarrollo para ellas nunca llegó. Al contrario, las comunidades han denunciado daños ambientales, sociales, culturales y económicos. Adicionalmente, la sensibilidad ambiental de la población ha crecido a medida que la crisis ambiental se agrava.
En las siguientes páginas, se analiza especialmente el discurso con el que el Estado promueve el fracking, mostrar sus componentes, recursos y los sectores aliados. También se presentan los procedimientos que utiliza en el debate con los sectores que están en contra del fracturamiento hidráulico y hacer una valoración del debate. Este análisis se desarrolla en la tercera parte y toma como referencia teórica y metodológica la propuesta del lingüista de los Países Bajos Teun Van Dijk para analizar de manera crítica un discurso ideológico de un grupo de interés con una relativa posición de poder.
La hipótesis que nos motivó a este análisis es que el discurso estatal es muy cercano al de la industria petrolera y, al mismo tiempo, es excluyente con la ciudadanía y las comunidades que cuestionan la técnica, desconoce la diversidad territorial y étnica y, por ello mismo, tiene un carácter antidemocrático.
La primera y la segunda parte se presentan como el contexto en los que se surge este discurso. La primera, describe los avances del fracking en Colombia y la segunda resume las críticas de los movimientos sociales ante esa técnica. Concluimos el texto con algunas reflexiones a partir de la confrontación de algunos de los pilares de este discurso con las respuestas que dieron –o no dieron– estos defensores del fracking a una situación real: el derrame de petróleo en el pozo Lisama 158p.
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[1] Ambientalista colombiana, miembro de Censat Agua Viva y de la Alianza Colombia Libre de Fracking
[2] Ambientalista colombiana, defensora de derechos
NOTA: Este artículo hace parte de libro: Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia. Entre el Posacuerdo y la globalización, editado por Catalina Toro Pérez, Pablo Ignación Reyes e Ivonne Patricia León y publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Colombia (2021)
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