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Por Tatiana Roa Avendaño

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Resumen
En las últimas décadas, de Norte a Sur de Latinoamérica, comunidades locales convocaron y adelantaron referendos, consultas populares, consultas autónomas e iniciativas populares para participar en decisiones relacionadas con proyectos extractivos. Esto ocurrió en Sicapaca, Huehuetenango e Ixtahuacan (Guatemala); en Cerrito, Piedras y Tauramena (Colombia); en Cotacachi (Ecuador), en Tambogrande y Cajamarca (Perú) y en Esquel (Argentina). El curso de estas acciones sugiere varias ideas: i) La utilización de esos mecanismos de participación democrática, reconocidos o no por los Estados, nutre la defensa territorial ya iniciada por muchas de estas comunidades desde hace varias décadas. No son procesos aislados sino integrales de las luchas de resistencia que impulsan las comunidades en diversas parte del continente frente al modelo extractivista impuesto; ii) en cada una, se reflejan percepciones diferenciadas sobre el desarrollo, la gestión de los bienes comunes y la participación democrática; y iii) se reclama por el derecho a decidir sobre su futuro y el de su territorio.

Texto publicado en: Consulta Previa y Modelos de Desarrollo. Aura María Puyana (compiladora), Red Observa

Ver libro completo: http://www.infoindigena.org/attachments/article/580/2016-Consulta-previa-modelos-desarrollo-Colombia.pdf

Ver texto completo del artículo en archivo anexo

2016-Consulta-previa-modelos-desarrollo-Colombia

 

 

 

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Fotografía: Puerto de Barrancabermeja. Tatiana Roa Avendaño

Por: Tatiana Roa Avendaño

La victoria del ‘no’ a la refrendación de los acuerdos de terminación del conflicto armado en Colombia llevó a una renegociación entre el gobierno colombiano y las Farc ¿Qué se ha firmado en el nuevo Acuerdo? Quienes ganaron el plebiscito pusieron mucho interés en que cambiara el contenido del punto, “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, ¿por qué?, ¿en qué ha quedado finalmente?

El país esperaba de 2016 que trajera a la mayoría del pueblo colombiano una esperanza de cambio, después de 4 años largos de conversaciones entre el gobierno y la organización insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en las que además de la finalización del conflicto armado con esa guerrilla, se promovía “la construcción de una paz estable y duradera”. Esas conversaciones abordaron, además de los aspectos particulares de las partes sentadas en la mesa, otros propios de la vida de las mayorías, como la tierra y la inclusión de sectores por siempre excluidos. Aunque los diálogos tenían lugar en una isla del Caribe, Cuba, y poco se vivía en Colombia el día a día de lo que sucedía allí, sí se percibía con mayor o menor intensidad una promesa de transformaciones.

Pero lo más aturdidor ocurrió el 2 de octubre. Unos días antes, en Cartagena, gobierno e insurgencia habían firmado el acuerdo y mediante un plebiscito se esperaba su refrendación por parte de la sociedad colombiana. La pregunta que se hizo para votar SÍ o NO fue: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”. Ese día, triunfó el NO. Un resultado incomprensible fuera y dentro del país.

El resultado del plebiscito obligó a gobierno y a insurgencia a revisar lo acordado. Después de casi dos meses, el 24 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos y el máximo Comandante de la organización guerrillera firmaron el que se llamó “nuevo acuerdo”, esta vez, en Bogotá.

¿Qué pasó en el plebiscito?

En agosto de 2016 se llegó al cese bilateral y definitivo de hostilidades entre el gobierno y las FARC, con el que se tuvo la seguridad de que se firmaría el acuerdo. Para refrendar este acuerdo se pactó la realización de un plebiscito y durante dos meses tuvo lugar la campaña para ganar adeptos para uno y otro bando. Pero entre las dos campañas hubo una gran diferencia: la del SÍ fue dispersa, mientras la del No se montó y afianzó sobre la mentira y el miedo. El Centro Democrático, el sector político más retrogrado del país, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y las iglesias desempeñaron un enorme papel entre sus seguidores, a quienes auguraban un futuro tenebroso en caso de aprobarse ese acuerdo.

Otras razones para explicar la victoria del no fue la enorme abstención, en buena medida porque la mayor parte de la gente desconocía el contenido de lo acordado y tampoco había existido ninguna labor de acercamiento permanente a la ciudadanía para que conociera y asimilara lo que estaba sucediendo en Cuba. También hubo personas que votaron NO al acuerdo porque denunciaban así la falta de una participación social efectiva en el proceso de negociación y reclamaban su derecho a haber tomado parte de él; otras criticaban su alcance porque no atendía las reivindicaciones y exigencias de la sociedad para llegar a una paz con justicia social. Por último, entre los motivos del NO estaba la baja popularidad del presidente Santos en ese momento, quien con sus políticas y programas ha contradicho su discurso por una paz como camino hacia un cambio real en favor de los sectores populares. En sus dos periodos presidenciales, ha impulsado la llamada “locomotora minero – energética”, brindando incentivos a la inversión extranjera en detrimento de los bienes naturales del país, y ofreciendo bloques mineros y petroleros por toda la geografía colombiana, con las consecuencias que esto ha traído a las poblaciones, a los territorios y a la nación en general.

Lo que quedó sobre la tierra en el nuevo acuerdo

A pesar de las alertas lanzadas por las movilizaciones y por sectores de opinión acerca de la posibilidad de que se estuviera fraguando un pacto entre élites, las negociaciones para reformular el acuerdo definitivo fueron consolidando un pacto entre élites. Esto puede verse con claridad en el texto definitivo del acuerdo sobre el campo colombiano.

Todo lo concerniente a la tierra ya fue el eje central de las conversaciones entre las Farc y el gobierno en La Habana. Se trató como primer punto del acuerdo y su importancia obedece tanto a las implicaciones de este tema en la historia de la organización insurgente como al hecho de que la propiedad de la tierra ha estado en el centro de las causas de la guerra en el país. En este punto, en el nuevo acuerdo se hicieron concesiones decisivas a los promotores del NO en el plebiscito que cambiaron en buena parte la naturaleza de lo originalmente aprobado.

Los promotores del NO exigieron y lograron que el nuevo acuerdo señalara explícitamente el respeto a la propiedad privada y el reconocimiento a la producción empresarial de gran escala: “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”, dice el nuevo texto. Esto significa que el Fondo de Tierras en el nuevo acuerdo solo prevé la restitución de 3 millones de hectáreas de las 8 millones que se estima les fueron arrebatadas a sus propietarios durante el conflicto armado y que se conformaría principalmente con terrenos baldíos1 (extensiones de tierra pública y no titulada, tierras provenientes de reservas forestales y/o de extinción de dominio), seguramente sin tocar a los señores de la tierra, nombre dado a los terratenientes colombianos, unos de los principales responsables del despojo.

El nuevo acuerdo introdujo también el principio de “desarrollo integral del campo”, entendido como el “balance entre las diferentes formas de producción existentes –agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala–”. De esta forma, se concibe un campo donde deben coexistir la agricultura campesina y la agricultura comercial de gran escala, pero bajo la óptica de “la inversión en el campo con visión empresarial” y la promoción de la asociatividad entre ambas, lo que pone en desventaja a la agricultura campesina, olvidada desde hace décadas en las políticas agrarias y los programas gubernamentales orientados a favorecer a la agricultura comercial.

El nuevo texto incluye y prioriza como beneficiaria del Fondo de Tierras a la “población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas”, y ya no se extenderán los beneficios exclusivamente a “los trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada”, como lo decía el texto original. Hablar de “población rural victimizada”, además, incluirá a medianos y grandes propietarios que son considerados víctimas de la guerra.

Otro aspecto polémico del nuevo acuerdo es que se incluyó la formalización de la legalización de unos 7 millones de hectáreas de tierra pues ello significa “regularizar los derechos de propiedad” de los propietarios y ocupantes, “siempre que no haya despojo o mala fe”. Esto se ha utilizado para presionar a que se legalicen las tierras usurpadas durante el conflicto porque ahora sus propietarias son personas que, sin ser directamente las victimarias, las adquirieron después. Esto ha venido entorpeciendo la recuperación por parte de quienes fueron despojados de sus tierras en el conflicto.

Paz con justicia social y ambiental

El triunfo del No hizo palpables los intereses de la élite ligada a la tierra y por ende, los de los sectores afines a la guerra, con la que mejor pueden mantener sus privilegios. Entre estos grupos de poder y el representado por el presidente Juan Manuel Santos, pudiera estarse trazando un puente, mucho más cuando lograron un acuerdo para desarmar a la organización guerrillera y hay un contrincante ahora menos peligroso. Esto no significa decir que no se está porque se acabe la confrontación armada, sino que hay un escenario nuevo para las élites.

El reto de las organizaciones sociales y políticas que jalonan la construcción de la paz está en impedir la consolidación de un pacto de élites y, al tiempo, en fortalecer las propuestas desde el campo popular en distintos escenarios. En este momento, este desafío tiene un centro de atención: conseguir que se acaben las muertes sistemáticas de líderes sociales que defienden los territorios.

El pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, diversas organizaciones ambientalistas colombianas le expresamos al estado colombiano y a la ciudadanía nacional e internacional nuestra preocupación por esos asesinatos. Porque mientras se habla de paz, se agrava la situación de derechos humanos de quienes defienden la tierra y el territorio. Más de 96 personas líderes sociales y ambientalistas han sido asesinadas y más de 200, amenazadas en el último año. Nada más contrario a la construcción de paz en el país.

No obstante, es preciso continuar respaldando el espíritu del acuerdo recientemente firmado entre el gobierno y las Farc, lo mismo que la búsqueda de un proceso serio y definitivo de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda fuerza insurgente colombiana.

En la perspectiva de construcción de paz, dichas organizaciones, proponemos lo siguiente:

En el camino de construcción de la paz, tenemos que llegar a lo más profundo: nuestra reconciliación entre hermanos y hermanas de una misma nación, al tiempo con la reconciliación como especie y como sociedad con la naturaleza, nuestra madre que nos alberga en la supervivencia y en la vida.

La VIDA es sagrada y solo sobre ese principio ético y moral podemos construir la paz, de ahí que es fundamental ofrecer garantías de protección inmediata a la vida en todas sus formas, haciendo realidad los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza, lo que implica garantizar el derecho a la vida de las personas que defienden los derechos de las comunidades y de nuestra Madre Tierra.

Es prioritario y urgente reconocer lo ambiental como núcleo fundamental en los conflictos históricos de Colombia, la naturaleza ha estado presente en el conflicto armado en su doble condición: como escenario y como botín de la guerra, y en esta noción se incluyen los territorios y los cuerpos de los seres humanos, que también son naturaleza.

La construcción de paz en Colombia exige la justicia social y ambiental, nada se alcanzará en el rumbo de la paz sin una ética y un habitar armónico con la Naturaleza que sean su base y fundamento. Son más de cinco siglos de agresiones a las relaciones ecológicas, a los ciclos biológicos, a los flujos de materia y energía y a los cuerpos humanos, que son la misma tierra, que están llegando a límites críticos.

Es imprescindible reconocer a todos los pueblos como sujetos políticos de cambio y permitirle a todas las comunidades desempeñar un papel protagónico en las decisiones y políticas ambientales, dignidades históricamente negadas.

De particular importancia son las iniciativas que consideran la naturaleza no como recurso, sino como sistema del que hacemos parte; iniciativas que tratan de superar la cultura individualista, discriminatoria y competitiva

Recuadro

Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico: ¿otra contrarreforma agraria?

En materia de tierras, desde 2015 se venían dando ya las inconsistencias con lo que se anunciaba en las conversaciones entre el gobierno colombiano y las Farc. Mientras en La Habana se hablaba de un acuerdo que reduciría la profunda desigualdad en la propiedad de la tierra, en Bogotá, se negociaba una ley en el Congreso de la República para crear las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), con el interés de que las corporaciones nacionales o transnacionales pudieran acceder a extensiones sin límite por medio de concesión o arrendamiento (Guereña, 2016: 62).

Tatiana Roa Avedaño Ambientalista colombiana, coordinadora general de Censat Agua Viva

* Texto publicado en la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. No. 27. Enero 2017

1. “En Colombia, las tierras estatales (denominadas “baldíos”) solo pueden ser adjudicadas a quienes carezcan de otras propiedades y no superen un determinado nivel de ingresos, y se prohíbe expresamente su acumulación por encima de la “unidad agrícola familiar. Sin embargo, la compra a través de sociedades pantalla y otro tipo de maniobras jurídicas han servido para que algunas empresas de capital nacional e internacional, entre ellas una que fue subsidiaria de la multinacional Cargill, se hiciesen de forma irregular con un total de dos millones y medio de hectáreas a lo largo de los últimos 30 años”. (Guereña, 2016: 62)

PARA SABER MÁS

Acnur. 2016. Tendencias globales sobre refugiados y otras personas de interés del ACNUR, 2016. http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/

El Espectador. 2016. La cuestionable estrategia de campaña del no. En http://www.elespectador.com/noticias/politica/cuestionable-estrategia-de-campana-del-no-articulo-658862.

Goebertus Estrada, Juanita. 2016. Una reflexión para quienes votaron ‘No’ en el plebiscito. En http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cuales-fueron-los-cambios-del-nuevo-acuerdo-de-paz/16752039.

Guereña, Arantxa. 2016. Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina, Oxfam. Urrea, Danilo y Forero, Lyda. 2016. Colombia: el NO a la refrendación de los acuerdos y los nuevos caminos de construcción de paz. En http://censat.org/es/analisis/colombia-el-no-a-la-refrendacion-de-los-acuerdos-y-los-nuevos-caminos-de-construccion-de-paz

Varios autores. 2016. Cinco temas claves para que la guerra y la paz no falle En: http://censat.org/es/analisis/cinco-temas-claves-para-que-la-guerra-y-la-paz-no-falle-2

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arbol primer premio

Ilustración de Angie Vanessita Cárdenas Roa.

http://sakuritadesign.blogspot.com.co/

Este artículo fue publicado en la Revista Semillas No. 63/64

Artículo autoría de Tatiana Roa Avendaño1

Introducción

A la finca de don Luis, un agricultor de Betulia, Santander, llegaron en desbandada miles de aves y animales hambrientos que tuvieron que huir de su hábitat cuando se llenó la represa construida en el río Sogamoso y con ellos se inundaron, en junio de 2014, más de 7 mil hectáreas del valle del río. La represa los desplazó. Ahora, las aves se comen el maíz que siembra el agricultor y los cerdos salvajes, como otros animales silvestres, acaban con la guanábana, el cacao, el banano, la naranja, la mandarina, la papaya o cualquier otro fruto que encuentren en su camino.

Don Luis ha tenido que adaptar sus cultivos para enfrentar el desplazamiento de los animales y también los cambios de temperatura y humedad que provoca el embalse de la represa, más conocida como Hidrosogamoso. El asunto es, según él mismo explica, que las flores y los frutos de las plantas se caen tempranamente por esos cambios, de manera que se pierde gran parte de su producción.

Caminamos con él por su finca, ubicada en las estribaciones de la Serranía de los Yariguíes. En ella, aún pueden observarse vestigios de caminos, seguramente indígenas, pero que hoy llevan el nombre de Lenguerke, un alemán contratado, por el Estado colombiano, en el siglo XIX para que abriera trocha hacia el río Magdalena. Los caminos se hacían con el fin de abrir nuevas rutas para el comercio fluvial, de facilitar la extracción de madera, pieles y otros bienes naturales de las selvas que cubrían el valle del río y era, territorio del pueblo indígena Yareguie o Yariguíaa.

La finca de don Luis es hermosa. Gran parte de ella es “montaña”, como llaman los campesinos a los terrenos de selva aún sin colonizar y alrededor de la casa donde habita se pueden observar diversos cultivos de cacao, con multitud de colores en sus frutos; también aguacates, plátano y muchos frutales.

La familia Ortiz, también de Betulia, cosecha aguacate, cacao, café, naranja, mandarina y otros frutales, pero también ha visto decaer la producción de aguacate: de 500 canastillas que sacaron en la cosecha de 2014, se redujo a 80 el siguiente año y este 2016, al parecer, la cosecha será aún menor.

Igual que don Luis y la familia Ortiz, otras miles de los municipios de San Vicente, Betulia, Zapatoca, Lebrija y Girón están padeciendo la hidroeléctrica construida durante los últimos diez años, que inició operación en 2014 y es propiedad de la empresa Isagén, antes estatal y hoy, en manos también privadas.

Hidrosogamoso fue transformando el paisaje desde el comienzo, impidió la pesca y el tránsito libre por el río, destruyó quebradas y contaminó las aguas. Además, durante el tiempo de construcción, llegaron miles de personas al territorio, por las promesas de empleo. Como consecuencia del proyecto se subió el costo de vida (arriendos y productos básicos), y se instalaron en la zona la drogadicción, la violencia y la prostitución.

Estos primeros párrafos son una antesala a lo que persigue este artículo: describir los conflictos y problemáticas provocados por el proyecto Hidroeléctrico Sogamoso y las formas como la gente se organiza para permanecer en su territorio.

Modelo extractivo – exportador

El caso de Hidrosogamoso, ilustra la forma como el sistema económico que domina hoy en el planeta ha ido subordinando las formas de vida rurales debido a que en él las aguas se entienden como un recurso natural indispensable pues puede proveer energía y al tiempo acumular el bien hídrico, de manera que garantiza los modelos de producción y consumo de la sociedad occidental.

En la actualidad, el fenómeno del desplazamiento ambiental o por “desarrollo” provocado por represas es considerado la causa de mayor desplazamiento en el mundo.

En Colombia, las represas han transformado de raíz los paisajes, las culturas, los medios de vida y la economía de extensas regiones. La disminución en la producción pesquera nacional tiene que ver con la construcción de hidroeléctricas en los principales ríos del país, de donde provenía la profunda riqueza íctica. Y no solo se perdió volumen, sino diversidad. Muchas especies endémicas están desapareciendo.

El atlas Ejatlas (https://ejatlas.org/), que coordina el ecologista catalán Joan Martínez Alier ha registrado 120 conflictos socioambientales en Colombia, lo que evidencia que en el país, al igual que en otros países del continente, se vive una vertiginosa carrera para impulsar el modelo extractivo-exportador a nombre del crecimiento económico. Maristela Svampa (2011: 183), considera que esta nueva fase del modelo neoliberal se impulsó luego de que previamente se crearan las bases legales e institucionales que garantizaron la institucionalización de los derechos de las transnacionales, así como la aceptación de la normatividad internacional que les respalda, está sustentada en la “acumulación por desposesión” (Harvey: 2003), máxima expresión de las relaciones capitalistas que intensifica el número de personas que son excluidas de su territorio y obligadas a abandonar sus formas de vida que están ligadas al aprovechamiento de los bienes comunes: biodiversidad, aguas, etc (Roa & Duarte, 2013).

La fase actual del desarrollo capitalista no sólo demanda materias primas sino que requiere grandes cantidades de energía y agua. De esta manera, una multitud proyectos hidroeléctricos han resurgido en el país, despojando a pueblos enteros de sus aguas, asunto que no puede entenderse como el control del simple fluido líquido, sino en lo que en su conjunto encierra la transformación de sus dinámicas hídricas naturales de los ríos.

Con el impulso de los proyectos hidroeléctricos, entre ellos Hidrosogamoso, El Quimbo e Ituango, Colombia espera convertirse en una gran potencia energética, no sólo para cubrir las demandas de energía que crecen con el consumo de los proyectos extractivos, sino que se quiere convertir en un proveedor de energía para una parte de los países vecinos.

El proyecto hidroeléctrico en el río Sogamoso

La gente de la región cuenta que empezaron a escuchar hace cincuenta años de un proyecto hidroeléctrico en el río Sogamoso. La hidroeléctrica se fue convirtiendo en el sueño de la clase dirigente del departamento de Santander, que asocia, como lo han hecho otros dirigentes en otras partes, el dominio de las aguas con un paso para alcanzar el anhelado desarrollo.

El proyecto se retomó a principios del siglo XXI, en el momento que se tuvieron las condiciones económicas y políticas para su construcción y puesta en operación. Hidrosogamoso se construyó en la cuenca baja del río, en el departamento de Santander, en el cañón donde el río se cruza con la Serranía la Paz.

Hidrosogamoso, que tiene un muro de 192 metros de altura, tiene una capacidad de generación de 820 MW, representa el 10% de la demanda energética nacional y para exportar energía eléctrica a los países vecinos. Hace parte de un conjunto de proyectos que se adelantan en la región del Magdalena Medio, en donde intervienen actores económicos nacionales e internacionales.

La hidroeléctrica represó las aguas de los ríos Sogamoso y Chucurí inundando cerca de 7.000 hectáreas, casi la extensión del municipio de Floridablanca (Santander). El proyecto impactó directamente los valles de ambos ríos afectando cientos de predios de varios municipios santandereanos: Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos, San Vicente de Chucurí y Lebrija. Girón aportó la mayor cantidad de tierras al proyecto, con un 31,7% del total inundado, y el territorio de Betulia fue divido en dos partes por el embalse.

De acuerdo con datos oficiales, sufrieron efectos nocivos 900 familias dedicadas a actividades agrícolas, pecuarias y de pesca, pero los afectados consideran que esta cifra están muy por debajo de la realidad. Aseguran que la empresa desconoció en el censo de afectados a familias de campesinos, pescadores, jornaleros, mineros artesanales y a vendedoras de pescado, entre otras comunidades. Se estima que el proyecto hidroeléctrico desplazó a más de mil personas por la inundación y otras miles están damnificadas por las transformaciones de la cuenca.

La empresa quedó con el control de 21.417 hectáreas declaradas de utilidad pública mediante Resolución Ejecutiva 230 de 2008. No sólo el área del embalse y la de la sala de máquinas, sino que están incluidas las zonas de protección, puesto que ISAGEN quedó con el control de cuenca y microcuencas que llevan sus aguas al embalse.

RECUADRO: El territorio.

La hidroeléctrica está construida en la cuenca baja del río Sogamoso, comprende un territorio de nueve municipios. En la parte alta de esta cuenca baja se encuentran Betulia, Girón, San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Lebrija y parte del municipio Los Santos; en la media, Lebrija, otra parte de Los Santos y Sabana de Torres; en los bajos del río, están Puerto Wilches y Barrancabermeja. El río Sogamoso desemboca en el Magdalena, conocido por los yariguies como Yuma.

La cuenca baja hace parte de la región del Magdalena Medio, donde comenzó la colonización a mediados del siglo XIX y se intensificó con el auge petrolero de inicios del siglo XX. Más adelante, la riqueza hídrica y de sus tierras atrajo gentes de la costa, el Eje Cafetero y Antioquia, Santander que, en muchos casos, llegaron huyendo de la guerra, la exclusión y el hambre, buscando tierras para colonizar.

El río y los humedales los proveyeron de alimento y refugio. La abundancia pesquera alcanzaba para todos, incluso daba para comercializar. Además podían usufructuar sus playones e islotes para desarrollar sus medios de subsistencia de pobladores. Aprovecharon las inundaciones periódicas del río para alternar las diversas actividades productivas, entran y salen del río y de las ciénagas dependiendo de la época de lluvia o de sequía, como anfibios entran y salen del río, adaptando a su dinámica natural. Por ello, Fals Borda los caracterizó como pueblos de cultura anfibia.

Pero también la alternancia de actividades está asociada también a la poca estabilidad sobre la posesión de los terrenos que iban habitando. Ecopetrol y las empresas petroleras arrendaban a los campesinos las tierras concesionadas para la actividad petrolera, pero podía cancelarles el control cuando lo quisieran. También lo hizo el Inderena. Además, la concentración de la misma en manos de unos pocos y el desplazamiento forzado ha sido la constante en este territorio. Pero la gente permaneció en el territorio, aprovechando las tierras comunitarias y baldíos, y mediante experiencias de trabajo mancomunado.

La pesca potenció el comercio pesquero movilizando a muchos habitantes que se asentaron allí. También los colonos agricultores alternan sus labores tradicionales de agricultura y minería con las tareas pesqueras. A pescadores, campesinos sin tierra, colonos agricultores, mineros artesanales nunca les faltó el alimento. Además entre las comunidades mantuvieron intercambios de alimentos entre los pobladores de la Serranía y los del río.

En este territorio son varios los factores generadores de transformaciones territoriales: proyectos de infraestructura impulsados en la última década, entre ellos: la Ruta del Sol (doble calzada Bogotá-Costa Caribe), el Tren del Carare (rehabilitará las antiguas vías férreas), el proyecto de Navegabilidad del río Magdalena y la construcción de puertos multimodales sobre el río. Además, están avanzando proyectos de hidrocarburos convencionales y no convencionales (las mayores reservas de gas y petróleo de esquisto se encuentran en esta región), de minería (carbón, uranio y oro) en la Serranía de los Yariguies y de cultivos agroindustriales, principalmente de palma.

En el Sogamoso ha existido una alta diversidad de fauna íctica. Los pobladores locales hablan del pez bocachico, o de la dorada, el blanquillo, el comelón, el capaz, la golosa, las chocas, el boroncoro, la lamprea, el titeto, el hocicón, el capitán, el tierraloca, el bagre y el camarón de río. Incluso, mencionan los caimanes y las rayas. Actualmente, las actividades tradicionales de subsistencia son desplazadas por los daños ecológicos y por la disminución de la oferta de bienes naturales del río.

A todo esto se agrega la construcción de Hidrosogamoso.

Transformaciones territoriales

El 8 de junio de 2014, el río Sogamoso amaneció literalmente seco. El día anterior, a las 6 de la tarde, Isagén inició el llenado del embalse. Sin embargo, una falla técnica, que cerró todas las compuestas, interrumpió por completo el flujo de agua, por más de 12 horas. Miles de peces murieron. Hoy pervive el impacto emocional de este hecho sobre los habitantes de La Playa, un poblado de Betulia “aguas abajo” del muro, sobre el río Sogamoso, quienes en su mayoría nacieron al lado al río.

Una mujer pescadora relató conmovida: “nuestro río esta agonizante, nuestro río está triste, sus aguas ya no sirven ni para cultivar, los niños no pueden nadar en él”. La Playa vivió por décadas de la pesca, el comercio pesquero, el turismo comunitario, la agricultura de pancoger y la minería artesanal de arena. Ahora, hay cambios radicales producidos por Hidrosogamoso. Veámos algunos de estos cambios.

Desplazamiento ambiental

De la región salieron los habitantes que antes vivían en las más de 21 mil hectáreas que quedaron para el control directo de ISAGEN de manera que cientos de familias están sufriendo un nuevo fenómeno de desplazamiento, ya no por la violencia política.

A muchos se les vulneraron sus derechos básicos. La gente cuenta que fueron desplazadas las familias aparceras, en arriendo, o que simplemente se encontraban en las cercanías del río y no contaban con títulos de sus tierras. Dice que la empresa Isagén interpuso contra ellas acciones administrativas, ejecutadas por los alcaldes locales y que en muchos casos las desalojaron mediante el uso indebido de la fuerza. Otras muchas resistieron en su territorio, pero la etapa de construcción de la represa con la consecuente destrucción de sus medios de vida les obligó a irse.

En la actualidad la mayor parte de estos poblados están desolados. La gente se fue a la ciudad. Tuvo que partir hacia las ciudades cercanas: Bucaramanga o Barrancabermeja, donde viven sin mayores oportunidades laborales.

“Aguas arriba”, donde hoy queda el embalse, miles de campesinos perdieron sus tierras. La empresa reubicó a unos pocos, se hicieron nuevos asentamientos, pero, denuncian algunos, los proyectos productivos no “cuajaron” debido, de una parte, a que se impusieron proyectos ajenos a su cultura; de otra, a que existen dificultades de acceso a agua y falta de asesoría adecuada. Además, allí, algunas familias campesinas no cuentan con cuencas abastecedoras de agua, ni mucho menos con acueducto, lo que vuelve penosas las actividades cotidianas y los proyectos productivos, es una directa violación del derecho al agua.

Deterioro de la calidad del agua y pérdida de la pesca

La señora de La Playa tiene razón al advertir que las aguas del río tienen problemas. Un estudio de la Universidad Santo Tomas, liderado por el reconocido ambientalista e ingeniero químico Jairo Puente, concluyó que en las aguas del Sogamoso es grave la falta de oxígeno. De igual manera, dice un periódico local,

se observa que la temperatura del agua en la presa oscila entre los 31 y 32 grados centígrados, mientras que abajo ésta se reduce hasta los 25 grados centígrados. De igual forma, las condiciones de humedad relativa cambian desde 94% y se reduce incluso al 44%2.

Una de las razones de la mala calidad es la no remoción de la materia orgánica, una exigencia de la licencia ambiental, pero también, al represamiento de ríos contaminados:

El río Sogamoso, señala el profesor Puente, se forma de aguas del Chicamocha y del Suárez y el Suárez antes recibe al Fonce [tres de los ríos] más contaminados en Colombia, así que el agua primero que todo no viene de primera calidad, por lo que la licencia ambiental en sí ya exige son unos mínimos y las muestras dan cuenta que en algunos momentos del día hay datos inferiores, favoreciendo condiciones anaerobias, produciendo gases tóxicos y se producen también gases de [efecto] invernadero relacionados con el cambio climático (…) Cuando el oxígeno baja a estos niveles, no es posible que se desarrollen peces, así digan que se han sembrado alevinos3.

Cambios en el microclima y consecuencias

La región de influencia del proyecto se conoce en el país por su producción de aguacates y cacao de alta su calidad4. Además los aguacates criollos de la región son muy apetecidos en el país y en el exterior. Se considera que los suelos de la región y el clima son ideales para la producción de este rico fruto.

Sin embargo, ahora, estos cultivos están amenazados por los cambios en el microclima local, provocados por el embalse.

Hay cambios extremos de la temperatura (muy alta en el día y muy baja en la noche) y en la humedad. La disminución de las cosechas, según los pobladores locales, es notoria: las plantas no “cargan” los frutos, como antes, y además se han incrementando las plagas y enfermedades de los cultivos.

El desplazamiento de animales

Fundaexpresión, organización ambientalista que trabaja en la región, ha tenido que preparar talleres sobre serpientes para las comunidades de los municipios aledaños al embalse. El problema es que una desbandada de culebras ha llegado a las parcelas de campesinos, incluso de otros municipios como Piedecuesta, y están en alto riesgo de ser mordidos por las serpientes. También se conoce de otros animales que han llegado a los cultivos desesperados porque sus hábitats fueron destruidos.

El desplazamiento de animales fue denunciado por los pobladores locales desde la etapa de construcción, pues el ruido y la tala de árboles hicieron que muchos huyeran. Al quedar la obra en medio de la vía Bucaramanga – Barracabermeja, de alto tránsito vehicular, empezaron a verse animales muertos en la carretera. Isagén nunca respondió a las denuncias que se hicieron y se limitó a decir que tenían un plan de contingencia para tal situación. Los animales siguieron apareciendo muertos en la carretera durante el tiempo de la obra.

Con el llenado del embalse, la huida fue masiva y está afectando los cultivos de las comunidades, perjudicando las labores e ingresos de los y las campesinas. Se observa presencia de pumas, tigrillos, marranos, chácharos, tinajos, chiguieros, ardilla, mico careto, mono cotudo, picuro, aves como: chachivos, pericos, churicas, cochas, tulcán, siéntaro papayero. En veredas de Lebrija, Girón, Piedecuesta han aparecido manadas de cerdos monteses o baquiro (Pecarí tajacu). Los cerdos acaban con los cultivos.

La lucha por el Sogamoso

En 2008, los pobladores locales junto a ambientalistas, ONG, trabajadores y sindicalistas del área de influencia de la represa crearon el Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso. En la medida en que avanza la construcción del proyecto, se intensifica en la zona la lucha por el reconocimiento de los derechos. El Movimiento acoge las diversas expresiones de descontentode los pobladores locales, que no se vieron recogidos en la “ilusión desarrollista” o las falsas promesas de empleos por parte de Isagén. Tampoco los convencieron las promesas de inversión social, que resultaron incoherentes con las realidades locales: cursos de panadería o proyectos productivos ajenos a la cultura local.

Por ello, organizan marchas y protestas en la zona y movilizaciones hacia Bucaramanga demandando mayor presencia del Estado y respuestas desde el gobierno departamental. También se han realizado acciones jurídicas demandando respuestas frente a los incumplimientos a la licencia ambiental.

El 14 de marzo de 2011, Día Internacional de Acción contra las represas, el Movimiento adelantó una movilización de tres días, hasta que se instaló una mesa de negociación entre la empresa y los afectados. En esa mesa participaron como garantes, la Diócesis de Barrancabermeja, el Programa por la Paz (PPPMM), algunosONG, asambleístas departamentales y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo.

ISAGEN como en otras ocasiones no cumple y continúa en su trabajo de cooptar líderes y dividir el movimiento en alianza con los poderes regionales y los medios masivos de comunicación.

La última acción de impacto del Movimiento tuvo lugar entre marzo y septiembre de 2015 liderada principalmente por mujeres, que resistieron 6 meses en el Parque García Rovira, frente a la Gobernación de Santander, en unas condiciones extremadamente duras, demandando respuestas frente a la crisis humanitaria que se vive enla zona. El acuerdo entre las manifestantes, la gobernación e Isagén consistió en la promesa por parte de los dos últimos de un predio y proyectos productivos para atender la grave situación. Después de casi un año, nada han recibido los y las afectadas.

El Movimiento regional hace parte desde 2011 de uno más grande, el Movimiento Ríos Vivos. Al vincularse busca fortalecer sus demandas ganando resonancia nacional; pero también se moviliza en espacios regionales: recientemente, en Lisama y San Gil, se unió a otros movimientos de la zona, en el contexto de la Minga Nacional, que obligó al gobierno nacional a negociar con los campesinos y las campesinas del país.

Aunque en condiciones extremadamente difíciles, la lucha continua y el movimiento busca fortalecerse haciendo presencia en múltiples espacios sociales y políticos de la región.

Reflexiones finales

Don Luis sabe que las plantaciones que Isagén está sembrando en las llamadas por la misma empresa áreas de protección del embalse no van a resolver el desplazamiento animal. Sin duda, en medio de pinos y eucaliptos, no encontrarán alimento ni refugio. Por eso, él adapta sus cultivos para que también haya frutales para los animales. “Ellos no tienen la culpa, están aquí porque les han destruido sus lugares de vivienda; nosotros tenemos respuesta para enfrentar esta situación. Sin embargo, Isagén no nos oye”.

Las comunidades campesinas afectadas por Hidrosogamoso son en gran parte pequeños campesinos con muy poca tierra o sin ella, pescadores, mineros artesanales o comerciantes de pescado, cuyos principales medios de subsistencia estuvieron siempre basados en los bienes comunes que les proveían el río o la selva. Para ellos, los daños son significativos y en muchos casos irreparables, pues se destruyeron las relaciones de subsistencia con el río Sogamoso y se transformó el territorio.

Sin embargo, tienen claro que en ellos están las respuestas para restablecer el equilibrio ambiental y social en el territorio. Porque lo conocen. Es por eso que están en la búsqueda de construir nuevas relaciones de producción y nuevas relaciones con la naturaleza que garanticen los medios y la sustentabilidad para que las comunidades puedan permanecer en el territorio.

En eso trabaja a diario el Movimiento Ríos Vivos en Santander.

Referencias

FALS BORDA, O. 2002. Historia doble de la Costa. Resistencia en el San Jorge, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Banco de la República y El Áncora Editores

HARVEY, D. 2003. The new imperialism. Oxford y New York, The Oxford University Press

MCCULLY, P, 2004. Ríos silenciados – Ecología y política de las grandes represas- . Buenos Aires. Editorial Proteger.

ROA AVENDAÑO, T., DUARTE, B., Agosto 2013, “Desarrollo hidroeléctrico, despojo y transformación territorial: El caso de Hidrosogamoso, Santander, Colombia”. En Arroyo, Aline y Boelens, Rutgerd, Aguas Robadas. Despojo Hídrico y Movilización Social. Quito, Abya Yala, Justicia Hídrica y el Instituto de Estudios Peruanos, IEP.

ROA AVENDAÑO, T., 2010. Crisis alimentaria y la respuesta de los mundos locales, el caso de una organización de pescadores, campesinos e indígenas. Tesis de grado. Universidad Andina Simón Bolívar, Quito

SVAMPA, M., 2011.“Modelos de desarrollo, cuestión ambiental y giro eco-territorial”, En Alimonda, Héctor (coordinador), La Naturaleza colonizada. Ecología Política y minería en América Latina, Buenos Aires: Clacso

1Ambientalista, coordinadora general de Censat Agua Viva, Magíster en Estudios Latinoamericano Universidad Andina Simón Bolívar, email: coordinacion@censat.org

2http://www.vanguardia.com/economia/local/307621-alertan-por-el-agua-usada-en-hidrosogamoso

3.Ibid

4En 2015, la Federación Nacional de Cacaoteros anunció la exportación de 1.000 toneladas de cacao de los municipios de San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Zapatoca y Betulia a países europeos (véase http://www.sanvicentedechucuri-santander.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&x=1374095)

 

* Tatiana Roa Avendaño

Ilustración: “Sumak Kawsay”. Angie Vanessita Cárdenas Roa. http://www.acdesign.tk

«Ya volvería redonda y llena como una totuma recién hecha.

Pensaba también que la luna nada le diría,

porque sin tierra que sembrar, ¿qué valor tendría?

Ella anuncia las lluvias abundantes, la hora de la siembra, el corte del arroz.

¿Para qué deseaba él la luna si ya no tenía nada que sembrar?»

Tierra Mojada, Manuel Zapata Olivella, 1972

 Ilustración: Sumak Kawsay. Angie Vanessita Cárdenas Roa. www.design.tk

1. Introducción

 Al igual que el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (2002a: 35B), el francés Luis Striffler, quien recorrió la cuenca del Sinú en el siglo XIX en busca de oro, caracterizó a los habitantes de esta región como cercanos a una existencia «anfibia», en particular por sus rasgos naturales (escasez de vellos y grosor de sus cabellos), así como por su capacidad para adaptarse a la humedad, con lo cual, decía, «sufren muy poco» (Striffler 1875). Más allá de unos detalles morfológicos, la cultura anfibia de la cuenca baja del río Sinú, desde los zenúes prehispánicos, se relaciona más estrechamente con los productos, beneficios y relaciones que proporciona el agua y sus dinámicas. El pueblo Zenú entendía que los pantanos y las ciénagas tienen una estrecha relación con la dinámica fluvial e inundaciones periódicas, así que llevaron a cabo la construcción de obras hidráulicas que actuaban como verdaderos sistemas de amortiguación y almacenamiento de los excedentes caudales y lluvias locales (ASPROCIG 2006: 24). 

Leer el texto completo: documento Cultura Zenú

Por Tatiana Roa Avendaño – ambientalista colombiana Ilustración: Angie Vanessa Cárdenas Roa http://www.acdesign.tk

Quito, 15 de octubre de 2009

Introducción

A través de su historia, Colombia ha mantenido un agudo conflicto agrario con implicaciones en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales del país. La cuestión agraria1 ha estado en el centro del histórico conflicto político armado colombiano. No hay duda, el conflicto ha estado atravesado por la disputa por la tierra.

En este país como en otros países latinoamericanos, es evidente la existencia y permanencia de la estructura latifundista de la tenencia de la tierra, los usos de la misma se realizan en contravía de su vocación y quienes se benefician de políticas y programas son los señores de la tierra: terratenientes, latifundistas, élites agropecuarias e inversionistas extranjeros.

Lea el texto completo. La Cuestión Agraria


* Tatiana Roa Avendaño Quito, 6 de abril de 2009

introducción

Tienda agroecológica Asprocig. Lorica, agosto 2009

A inicios del año 2008 ya nadie se atrevía a negarlo, al lado de otras crisis, la humanidad estaba sufriendo también una crisis alimentaria. No era para menos, cada vez grandes masas de la población pasan el día con una sola comida, los niveles de subnutrición crecen, los precios de los alimentos están por las nubes, la producción alimentaria se destina a otros fines. Algunos años atrás, grandes extensiones de tierras que antes se dedicaban a la producción de alimentos para los seres humanos fueron desplazadas para producir alimentos para animales o para generar agrocombustibles. Además, los acelerados procesos de urbanización cubren con asfalto y cemento suelos ricos en nutrientes que anteriormente producían alimentos.

Lea el texto completo. Crisis alimentaria crisis de desarrollo

Por Tatiana Roa Avendaño
e-mail: totuma07@yahoo.com
Cargando sobre sus hombros sus banderas fueron llegando al paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, cientos de hombres y mujeres: campesinos, afroecuatorianos e indígenas, ellos y ellas vestían con orgullo y elegancia sus atuendos tradicionales, en sus rostros se notaban una inmensa alegría y no era para menos, venían a celebrar los 40 años de existencia de su organización, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) por sus 40 años de existencia.
Los orígenes de la Fenocin se remontan a la década de los sesenta del siglo anterior, cuando a través de manifestaciones sociales protagonizadas por indígenas y campesinos del país buscaban presionar a los sectores oligárquicos y al Estado por la aplicación de la Ley de Reforma Agraria expedida por esos años. Desde entonces la organización ha evolucionado hasta que asumió formal y legalmente el nombre de FENOCIN. Luego de muchos esfuerzos es hoy una organización madura, que enfrenta los retos que le exigen las circunstancias actuales. Incluye en su seno a 52 uniones que agrupan a más de 1.300 organizaciones y comunidades de base, 200 mil familias y tiene presencia en 18 provincias del Ecuador.
No estaban solos para conmemorar, campesinos y campesinas venidos de las hermanas repúblicas de Brasil, Venezuela, Perú, Colombia y Bolivia, miembros de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC y de la Vía Campesina les acompañarían. Del 28 al 30 de noviembre, en medio de debates, de fiesta y de feria celebrarían junto con sus invitados estas cuatro décadas de esfuerzos, de luchas y de esperanza. Recordarían a sus martires, intercambiarían experiencias y debatirían con prestigiosos lideres y liderezas sociales además de importantes intelectuales sobre los temas del campo. En un parque público una Feria Agroecológica campesina sería el espacio para hacer participes al resto del pueblo quiteño de sus productos, sus enseñanzas y sus saberes.
La instalación de este bello homenaje fue acompañado por el rector de la Universidad Andina, el historiador Enrique Ayala, el presidente de la FENOCIN Luís Andrango Cadena y otros compañeros latinoamericanos, el debate no paraba, el llamado para dar seguimiento a la Ley de Soberanía Alimentaria que en estos días comenzará a discutirse en la Asamblea Legislativa fue el tema y la preocupación central. “La soberanía es nuestra vida, hay puntos en los que no cederemos porque en la ley nos estamos jugando nuestro futuro”, dirían todas y todos.
La Fenocin celebró sus 40 años de existencia con las cantos, las consignas y los sueños de esas mujeres y hombres que aspiran con un país más justo, este país para del Sumak Kawsay, con las voces campesinas que claman por la unidad y la lucha de los pueblos, con la reivindicación de una reforma agraria justa y necesaria, con la esperanza de que sean tiempos de Soberanía Alimentaria, que sean tiempos de unidad.