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Este documento es un trabajo colectivo de organizaciones y personas que somos parte de la Alianza Latinoamericana frente al fracking, realizado en 2016. Participamos en el equipo editorial: Aroa de la Fuente, Julio Holanda, Astrid Milena Bernal, Tatiana Roa Avendaño, Hernan Scandizzo, Héctor Herrera Santoyo, Bianca Diele, Ariel Pérez Castellón y Roberto Ochandio.

Introducción
América Latina es una región altamente dependiente de los combustibles fósiles tanto como bien exportable, como el consumo interno. El 78% de la energía consumida en la región es de ese tipo de fuente. Para mantener esta matriz energética local y global, los países productores de hidrocarburos han estado extrayendo estos recursos a tasas muy elevadas, lo que impactó en una amplia caída de las reservas en buena parte de ellos.
Ante esta situación, varios gobiernos Latinoamericanos están promoviendo el avance extractivo sobre nuevas fronteras hidrocarburíferas en el intento de incrementar sus reservas de petróleo y gas, a la vez que desestiman la búsqueda de alternativas energéticas sostenibles. La ampliación de estas fronteras conlleva, por una parte, el avance territorial de las actividades extractivas sobre áreas protegidas, territorios indígenas o ecosistemas frágiles como la Amazonía. Por otra parte, impulsa la extracción de energías extremas, hidrocarburos que por una serie de condiciones geológicas, técnicas y financieras no habían sido explotados hasta la actualidad.

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Lea el capítulo sobre Colombia en archivo anexo. informe_regional_ultima_frontera_alff

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Autores: María Cecilia Roa García*, Tatiana Roa Avendaño**
y Alberto Acosta***

No hay un camino para la paz,
La paz es el camino
Mahatma Gandhi

Artículo publicado en: Ecología Política Latinoamericana. Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. Clacso

Ilustracion: Angie Vanessita. http://www.angievanessita.com

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Ilustración: Angie Vanessita http://www.angievanessita.com

Colombia en transición hacia la paz con justicia ambiental.

El año 2016 marca un nuevo comienzo en la historia de Colombia. Con la ratificación del acuerdo entre el Estado colombiano con las FARC se pretende poner fin a un período de más de 50 años de hostilidades. Igualmente quedó abierta la puerta para la negociación entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional – ELN. Sin minimizar la trascendencia de este proceso, argumentamos que el fin del conflicto armado en Colombia podría conducir a la exacerbación de los conflictos socio-ambientales que han caracterizado la larga historia de actividades extractivas y de los métodos violentos que han primado en este país para lidiar con dichos conflictos. Recordemos que el gobierno de Colombia depende del sector extractivo como generador de ingresos, y ha asignado grandes áreas a inversionistas privados para el desarrollo de actividades asociadas
con la extracción petrolera, minera, y los monocultivos para exportación; y por otro lado, porque propone el extractivismo como fundamental para financiar, espera que los ingresos que se obtengan del extractivismo sean una fuente fundamental de financiamiento de muchos compromisos del proceso de transición a la paz.

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Fotografía: Plantón contra el fracking en Colombia. Tatiana Roa Avendaño

Durante los últimos años se han esgrimido argumentos para defender la agresiva ocupación territorial que están haciendo las empresas petroleras, incluso en territorios sin historia de extracción petrolera. A lo largo de 2016 fue reiterada, tanto por el presidente Juan Manuel Santos, por como los directivos de Ecopetrol y otras empresas, y el Ministerio de Minas y Energía, la importancia que tendría el desarrollo petrolero en el posconflicto. Sin embargo, durante los últimos meses el desarrollo de iniciativas comunitarias han logrado detener algunos proyectos extractivos, utilizando una articulación de diversas estrategias de movilización, legales, incidencia política y comunicación, poniendo en jaque al sector petrolero.

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“Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica” reúne artículos publicados entre setiembre y diciembre de 2016 en la web de Oilwatch Latinoamérica. Con esta revista digital intentamos poner en diálogo diferentes abordajes sobre la energía extrema, aportar elementos para la crítica a la civilización fósil y reafirmar la convicción en la imperiosa necesidad de construir alternativas.

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Por Tatiana Roa Avendaño

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Resumen
En las últimas décadas, de Norte a Sur de Latinoamérica, comunidades locales convocaron y adelantaron referendos, consultas populares, consultas autónomas e iniciativas populares para participar en decisiones relacionadas con proyectos extractivos. Esto ocurrió en Sicapaca, Huehuetenango e Ixtahuacan (Guatemala); en Cerrito, Piedras y Tauramena (Colombia); en Cotacachi (Ecuador), en Tambogrande y Cajamarca (Perú) y en Esquel (Argentina). El curso de estas acciones sugiere varias ideas: i) La utilización de esos mecanismos de participación democrática, reconocidos o no por los Estados, nutre la defensa territorial ya iniciada por muchas de estas comunidades desde hace varias décadas. No son procesos aislados sino integrales de las luchas de resistencia que impulsan las comunidades en diversas parte del continente frente al modelo extractivista impuesto; ii) en cada una, se reflejan percepciones diferenciadas sobre el desarrollo, la gestión de los bienes comunes y la participación democrática; y iii) se reclama por el derecho a decidir sobre su futuro y el de su territorio.

Texto publicado en: Consulta Previa y Modelos de Desarrollo. Aura María Puyana (compiladora), Red Observa

Ver libro completo: http://www.infoindigena.org/attachments/article/580/2016-Consulta-previa-modelos-desarrollo-Colombia.pdf

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Por Tatiana Roa Avendaño – Censa Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia

Viajé a Haití entre el 5 y el 11 de mayo de 2016 invitada por Broederlijk Delen, BD, organización de cooperación y solidaridad de Bélgica. La emoción era grande. Estaría en el país que inició la ruta de la independencia latinoamericana en épocas de la colonización europea sobre nuestros territorios y en el primero del mundo donde se abolió la esclavitud.

Mi arribo estuvo convulsionado. En Puerto Príncipe, su capital, había múltiples protestas dado que el gobierno aplazó varias veces las elecciones para elegir al nuevo presidente. Así, el vehículo que me llevaba a casa de mis anfitriones tuvo que dar muchas vueltas buscando sortear las manifestaciones. Mientras llegaba, desde lo alto de la ciudad podía ver las secuelas del terremoto de 2010 y pensaba que al otro día madrugaríamos para viajar a Cabo Haitiano.

Llegué al país caribeño para participar en una gira por algunos lugares, organizada por el Colectivo Justicia Minera (Kolektif Jistis Min – KJM) y otras organizaciones haitianas, latinoamericanas, africanas y estadounidenses. Estas contaban con el apoyo de organizaciones de cooperación que trabajan en solidaridad con Haití, entre ellas, BD.

El KJM está constituido por diversas organizaciones y redes haitianas, entre ellas Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen (TK), compuesta por pequeños campesinos; la Plataforma de las organizaciones haitianas de derechos humanas (POHDH), el Movimiento Democrático Popular (MODEP), Justicia y Paz (JILAP), la Oficina de defensores de los oprimidos (DOP) y la Plataforma de Acción para un Desarrollo Alternativo (PAPDA).

El propósito de la gira era compartir nuestras experiencias sobre el avance de la minería y de las luchas que resisten ante sus proyectos en América y África e informar a las comunidades, organizaciones sociales y público en general las consecuencias que podrían tener los proyectos mineros que se vienen planeando para el país caribeño. Fuimos invitadas personas activistas de Ecuador, Perú, México, El Salvador, Congo, Sudáfrica, República Dominicana y Colombia y a nosotras se sumaron el Mining Watch, la Clínica de Justicia Global de la Facultad de Derecho de Nueva York, el Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global (Center for Human Rights and Global Justice), agrupación de estudiantes y profesores de diversos países que apoyan luchas, como su nombre lo dice, por la justicia global. Juntos recorrimos comunidades y visitamos ciudades importantes del país: Puerto Príncipe, Limonade y Cabo Haitiano.

En la tierra de Dessalines, Pétion, Christophe, muchos hombres y mujeres valientes como ellas han tenido que enfrentar la adversidad histórica de una injusta condena por haber desafiado al poder colonial para alcanzar su liberación: Francia impuso una indemnización de 150 millones de francos oro al pueblo haitiano para reconocer su independencia, valor equivalente, a precios de hoy, a 21 mil millones de dólares, que les ha llevado al empobrecimiento económico de su población.

Lastimosamente para mí, sólo pude llegar cuatro días después de haber iniciado la gira. Me integré al grupo en la ciudad de Limonade, nombre que los españoles dieron a este lugar (en su idioma, Pueblo del Limón debido a la presencia de muchos árboles de esta fruta). Pero pude entonces asistir a un multitudinario foro y a un acto cultural en la Universidad del Estado de Haití, Campus Roi Henri Christophe, que tiene una infraestructura moderna sorprendente. Luego me enteré de que este campus abrió recientemente sus puertas para su funcionamiento y fue donado por el gobierno de República Dominicana al pueblo haitiano.

Limonade se encuentra a menos de una hora de Cabo Haitiano, en el noroeste de la isla y estando allí pude conversar por primera vez con las delegaciones internacional y haitiana que venía de recorrer las comunidades que estarían afectadas por los bloques mineros que pretende explotar el gobierno haitiano con empresas transnacionales. Llegaron entusiasmadas de sus visitas a las comunidades campesinas del departamento del Norte.

La minería en Haití

Como en el resto del continente, la “fiebre” de la minería ha contagiado a Haití. El gobierno de este país tiene planes de abrirse a la inversión extranjera en estas materias y, para hacerlo, pretende cambiar la legislación minera. Al respecto, los activistas haitianos informaron durante el recorrido que existe un proyecto de ley disponible desde agosto de 2014, promovido por la Cámara de Comercio Haitiano-Canadiense (CCHC) y formulado por asesores del Banco Mundial.

Los propósitos gubernamentales van andando no obstante las condiciones de alta vulnerabilidad ambiental de la isla por la aguda deforestación (se estima que la cobertura forestal del país es menor del 2%), las intensas sequías, la escasez de agua, la alta frecuencia de fenómenos naturales, así como la debilidad institucional, la corrupción y la inestabilidad política. Además, los proyectos mineros se lanzan en territorios todavía protegidos: los bloques se construirían en una región campesina y con mucho verde, el Macizo du Nord, en el departamento del Noroeste,  que contrasta con el escenario de deforestación y aridez mencionado.

La ley echaría por la borda aquella vigente desde 1976, con la consecuencia de alentar notorios retrocesos en términos económicos y de soberanía frente a la riqueza minera. El colectivo KJM y Camille Chalmer, reconocido economista y activista haitiano que hace parte de la Plataforma Haitiana de Incidencia para el Desarrollo Alternativo, PAPDA, alertan con respecto a que el proyecto de ley, siguiendo la tendencia de las últimas reformas mineras en Latinoamérica, no establece un régimen de regalías que garantice beneficios para Haití.

En 2012, el gobierno ya había entregado algunas concesiones para exploración minera. Estas se encontraban en Morne Bossa, muy cerca de Limonade y se otorgaron a empresas como VCS Mining Inc., Majescor Resources Inc., Newmont Mining Corp. y Eurasian Minerals Inc. Sin embargo, meses después se suspendieron cuando el Congreso haitiano declaró una moratoria minera “tras decretar que los permisos expedidos ya no eran legales” (Ver: http://www.diariolibre.com/economia/economia-personal/minera-en-hait-en-espera-entre-incertidumbre-y-oposicin-KQDL1098121), mientras aclaraba si “el país tiene la capacidad para regular adecuadamente una industria tan compleja” (Ibidem).

Ahora, los grupos organizados de la sociedad haitiana cuestionan el camino propuesto por el gobierno de su país. Consideran que pone los intereses de las transnacionales por encima de los del Estado y la población, dado que podría provocar graves conflictos ambientales, en la salud pública y en el agua. El KJM ha demandado al gobierno nacional declarar una moratoria de quince años a la prospección, exploración y explotación minera argumentando la ausencia de una política pública para esa actividad, la falta de capacidad institucional estatal y la poca transparencia en el desarrollo del sector.

Recorriendo Haití

De Limonade, partimos hacia Cabo Haitiano (Cap-Haïtien, en francés; Okap o Kapayisyen, en criollo), para pasar la noche antes de viajar a Puerto Príncipe. En lo alto de la loma, donde quedaba el hotel al que llegamos, teníamos una vista hermosa de la ciudad y pudimos contemplar su arquitectura y el puerto. El hotel es una antigua construcción, recientemente restaurada, que debió pertenecer a algún rico comerciante. Cabo Haitiano fue en el siglo XVIII el más floreciente puerto económico y concentraba entonces las principales actividades comerciales del país. Sus viejas edificaciones de arquitectura colonial francesa conservan su esplendor. En ellas, es posible imaginar lo floreciente de este país antes de que Francia boicoteara su economía y de ser condenado a la mayor pobreza del continente.

Desde el puerto de Cabo Haitiano, salen a los mercados internacionales el banano, el café, el azúcar y el tabaco, pero la economía de este lugar también es ahora movida por la industria turística. Hay muchos atractivos; la bella y conservada arquitectura de la ciudad, el fuerte de la Citadelle Laferrierre, creado en el siglo XVII por los franceses y declarado hace unos años patrimonio de la Humanidad, y las hermosas playas caribeñas del departamento Norte.

La noche que pasamos en Cabo Haitiano pudimos escuchar a lo lejos los tambores del vudú, religión principal del pueblo haitiano. Al otro día, emprenderíamos un recorrido por tierra para llegar a Puerto Príncipe, donde tendríamos las últimas reuniones e intervenciones en algunos medios de comunicación locales.

Aunque teníamos la expectativa de ir a la Citadelle Laferriérre, el día amaneció lluvioso, de manera que esta visita se suspendió y emprendimos la marcha por la antigua carretera que comunica a Cabo Haitiano con Puerto Príncipe. El trayecto nos tomaría alrededor de ocho horas en un viejo bus lleno de haitianos, latinoamericanos, africanos y estadounidenses, quienes a estas alturas de la gira sentíamos cansancio,  pero ante todo, una gran hermandad y camaradería.

Casi no hubo paradas en el camino, pero pudimos observar lo diversa y bella que es Haití. Para algunos, este viaje significó romper con el imaginario de un pueblo triste y pobre y ver el contraste entre el verde de las montañas del norte y el color tierra de las áridas y deforestadas colinas que rodean Puerto Príncipe. Anduvimos en medio de la lluvia y la niebla, atravesamos poblados campesinos, cultivos de arroz y lugares donde era mágica la sensación de que nos encontrábamos en medio de Haití.

Llegamos a la capital al caer la tarde y agotados; en un hotel de religiosos cristianos nos esperaba una rica y caliente comida que habían preparado otros de los anfitriones, quienes también atendían las últimas actividades de esta larga jornada de solidaridad con el pueblo haitiano: foros públicos y una rueda de prensa.

Durante toda la gira, el rol de los y las jóvenes haitianas fue determinante. Provenían en su mayoría de organizaciones campesinas y estudiantiles y algunos recién egresados de las universidades hacían parte de los grupos encargados del evento. En sus caras siempre hubo una sonrisa y vimos la disponibilidad para resolver nuestras inquietudes. Por el notorio compromiso con su pueblo, asumieron con seriedad sus labores y fueron protagónicos en cada actividad. La lucha contra la minería y por la defensa del territorio en Haití tiene rostro joven.

Ya para terminar

Las calles de Puerto Príncipe están llenas de ventas callejeras con alimentos locales y artesanías. Su colorido y diversidad son impresionantes, igual que el barullo de la gente y de los carros, trasfondo de la escena. Los buses con tintes me recuerdan los Jeepneyes de Filipinas o nuestras chivas colombianas. A lo lejos, en las colinas, se pueden ver los techos de las nuevas construcciones para la gente que perdió su vivienda por el terremoto de 2010, que dejó más de 200 mil muertos. Aunque se cree que alrededor de 60 mil haitianos aún viven en campos de desplazados internos y otros miles, en construcciones precarias. Los huracanes también hacen de las suyas y cada cierto tiempo azotan la isla y la ciudad.

Los haitianos son gente talentosa y creativa, eso se refleja en sus artesanías y pinturas. En ellas expresan la riqueza de su cultura. Echan mano de cualquier material nuevo o reciclado como la madera, la tierra, el metal: hierro o aluminio (reciclan toda lata de aluminio que cae en sus manos), las telas, las hojas de plátano y las ramas de palma, el plástico para armar fabulosas piezas de arte o artesanía.

Su pintura es maravillosamente colorida y tiene un fuerte arraigo con sus raíces africanas. Trasmite misterio, cuentos y creencias ancestrales traídos de los tiempos de la esclavitud. En ella están presentes deidades del vudú (vèvè o lúas), al no ser muy explicitas, estas figuras pasan desapercibidas para los turistas que compran las pinturas.

Son muchas las historias dolorosas de este territorio: a la injusta condena económica referida y al terremoto reciente, se suman los huracanes frecuentes, las consecuencias de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH por sus siglas en francés), impuesta desde 2004; el permanente asedio e injerencia de Estados Unidos, el cólera que recorre penosamente Haití dejando una estela de muertos. Sin embargo, en mi memoria estarán siempre presentes estos días de alegría y reflexión, las sonrisas y el entusiasmo de la juventud que defiende lo suyo, la majestuosidad del Caribe, el verde de las montañas del norte, el colorido y barullo de sus calles y el talento de sus artesanos y artistas.

Haití seguirá siendo para mí, el pueblo que marcó a América el camino de la rebeldía y que nos mueve hoy a los latinoamericanos.

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Ilustración: Angie Vanessita

Por  Tatiana Roa Avendaño (Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia) y Hernán Scandizzo (OPSur)

 

Aún están frescas las imágenes del incendio de la plataforma Deepwater Horizon, cuando perforaba el pozo Macondo en el Golfo de México, en abril de 2010. La explosión e incendio dejó once trabajadores muertos y, después de más de tres meses de intensas labores, la petrolera BP logró controlar la situación. Para entonces habían sido vertidos al mar Caribe más de 700 millones de litros de crudo y otros varios millones más de litros de agua de formación. La magnitud del desastre expresa los riesgos que conllevará la ampliación de la frontera extractiva y tecnológica, y es lo que algunos autores han denominado energía extrema.

Este concepto de energía extrema se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales. La era de los hidrocarburos fáciles de extraer está llegando a su fin, si no lo ha hecho ya. Los objetivos de empresas y gobiernos para sostener la matriz fósil son las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extra-pesados, las arenas bituminosas e incluso desarrollos biotecnológicos para aplicar en procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos en pozos agotados.

En el mismo combo aparecen los yacimientos en el mar, cada vez más alejados de la costa, en aguas más y más profundas, que son extraídos, en algunos casos, luego de atravesar gruesas capas de sal. También estos yacimientos están conociendo las delicias de la fracturación hidráulica, para revertir la caída de la producción. Y el carbón alojado en las profundidades de la tierra, inaccesible para la minería convencional, despierta el interés de gobiernos y empresas, del mismo modo que el gas allí contenido. Miles y miles de toneladas de carbono que serían lanzadas a la atmósfera si esos hidrocarburos son extraídos e inyectados al mercado energético y la industria petroquímica para extender la decadencia de la civilización fósil.

Otra característica de este modelo de extracción extrema es que en muchos casos se trata de gas, crudo y carbón a los que se accede ampliando la frontera extractiva sobre tierras campesinas y de pequeños productores, aguas de pescadores artesanales y territorios indígenas y afrodescendientes. Una expansión acompañada de conculcación de derechos, que da lugar a desplazamientos de población, desaparición de saberes y culturas, así como también la muerte de economías locales y regionales. Es decir, constituye una amenaza contra la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos. Una violencia simbólica y material que es intrínseca a la energía extrema, y que significa además una profundización de la violencia sobre los cuerpos y la Naturaleza no humana. No sólo por la irrupción en ecosistemas frágiles y por profundizar la degradación de los ya impactados, sino también por el empecinamiento de seguir apostando a la matriz energética responsable de la crisis climática y el calentamiento global.

Esta ampliación de frontera hacia escenarios extremos implica además condiciones laborales de mayor riesgo. Quienes trabajan en esos proyectos no sólo están expuestos a condiciones meteorológicas rigurosas -como sucede en las operaciones en el Ártico o en alta mar- sino también a la toxicidad de los insumos químicos utilizados, por ejemplo, durante fracturación hidráulica, o a los desarrollos biotecnológicos diseñados para incrementar los niveles de extracción y los procesos de transformación de hidrocarburos pero también a riesgos más altos de accidentes laborales por ejemplo por explosiones.

Por otra parte, el gas y el crudo alojados en yacimientos profundos y/o compactos, o ubicados en lugares remotos, demandan más infraestructura y despliegue logístico, tanto para llevarlos hasta la boca del pozo como para inyectarlos al mercado. Esto se traduce en la perforación de cientos y miles de pozos, el tendido de ductos, la instalación de compresores, tanques, etc.; en síntesis, una mayor ocupación territorial e industrialización de áreas rurales y del paisaje en general, y la expulsión de las poblaciones que no son funcionales al nuevo uso del espacio.

A ello se suma que cada barril obtenido de estas explotaciones requirió un mayor consumo de energía, es decir, su rendimiento es menor. Además, demandó mayores recursos financieros que las explotaciones convencionales, que en muchos llegan a la compañía en forma de subsidios estatales, ventajas impositivas y precios sostén, que son transferidos desde los bolsillos de la población.

Baja del precio del crudo y continuidad de los proyectos extremos

La caída sostenida del precio de crudo muy por debajo de los 100 dólares no se ha traducido en un automático golpe de timón de los gobiernos de la región en sus políticas petroleras, ni ha significado la inmediata inviabilidad de los proyectos de energía extrema en América Latina. Sin duda hay una desaceleración, pero en la medida en que no exista la decisión política y el nivel de movilización para avanzar en la desfosilización de la matriz energética y del modelo productivo (los hidrocarburos como insumo no energético), estos proyectos representan la nueva frontera ante el agotamiento global de los grandes yacimientos convencionales.

Para seguir en carrera las empresas apuestan a reducir la cadena de costos, es decir, despedir o promover el retiro voluntario personal, bajar salarios, eliminar conquistas laborales -beneficios no financieros: descansos, calidad de la alimentación, etc.), eliminar intermediarios, desarrollar y aplicar innovaciones tecnológicas, entre otras variables. También desde el sector corporativo presionan para que los favorezcan con ‘políticas de incentivo’ como subsidios, ventajas impositivas, y precios internos superiores a la cotización internacional. De esta manera se transfieren los costos financieros -además de los sociales y ambientales- a los usuarios, que pagan la energía y combustible más caros, como ocurre en Argentina. Por otra parte hay que tomar en cuenta que países como Ecuador y Venezuela han tomado préstamos de China respaldados con su crudo, lo que también define la marcha sostenida tanto sobre la Amazonía como sobre la Faja del Orinoco. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, son más de U$D 46.000 millones en créditos.

Las fronteras extremas de América Latina

Si bien desde principios de la década y hasta entrado 2014 la mayoría de los países de la región, con más o menos intensidad y convicción, tenían a los hidrocarburos de lutitas y al fracking en sus agendas, esto no se ha plasmado en grandes avances en territorio. A nivel regional el fenómeno del shale sólo ha tenido impacto masivo, o relativamente masivo, en Argentina con Vaca Muerta, mientras que en México, el otro país estrella, ha sido menor, y en Colombia hay un firme interés de las autoridades en avanzar en esa dirección. Sin embargo, tampoco significa que haya desaparecido el interés por las formaciones compactas, el desarrollo de campos de tight sands ha cobrado impulso tanto en Argentina, como en México y el extremo sur de Chile. Los costos de producción en arenas compactas son considerablemente menores que los del shale, lo que las vuelve particularmente atractivas para las empresas.

Por otra parte, una frontera que no cesa de ampliarse en la región es la off shore. Brasil desde el descubrimiento del presal, hace una década, apuesta fuertemente a su explotación, incluso las autoridades no le han dado mayor importancia a los bloques con potencial en crudo y gas de lutitas. Éstos tampoco despertaron el interés de las empresas en las últimas rondas de concesiones petroleras. La impetuosa convicción de avanzar hacia el mar emerge también en el conflicto que se suscitó en 2015, cuando el gobierno federal intentó flexibilizar los sistemas de licenciamiento ambiental para las explotaciones costa afuera, una reforma que fue resistida por los trabajadores de las agencias de control ambiental. Hay que tener en cuenta que en el caso del presal los hidrocarburos se alojan a una profundidad cercana a los 7.000 metros; allí se concentraría el 90 % de las reservas petrolíferas probadas y el 77 % de las gasíferas.

Por otra parte la francesa Total comenzó este año la perforación un pozo en la plataforma marítima uruguaya, a 200 kilómetros de la costa. Atravesará 3.400 metros de “columna de agua” y otros 3.000 bajo el lecho oceánico en busca de hidrocarburos. Un proyecto extremo que marca un hito en la región, en un país que carece de antecedentes de explotación de hidrocarburos. También Colombia avanza sobre yacimientos en aguas profundas del Mar Caribe, al igual que Nicaragua y Honduras. Chile, por su parte, a raíz de perforaciones exitosas realizadas por la estatal ENAP, apunta a consolidar sus desarrollos offshore en el Estrecho de Magallanes, al igual que ampliar las explotaciones de bloques de tight gas en la isla de Tierra del Fuego.

En tanto los crudos pesados y extra pesados son centrales en países de la región como Venezuela, con la Faja del Orinoco, y Colombia, en la región de los llanos. Por otra parte, más allá de las características de los hidrocarburos y de las formaciones que los contienen, tanto la Amazonía como el Chaco Sudamericano constituyen la nueva frontera por excelencia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, avances que se concretan, en muchos casos, sobre territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas y áreas naturales protegidas.

Detrás de los discursos de salvación o abundancia con que son promocionados los diferentes proyectos de energía extrema en nuestros países, están las otras realidades arriba mencionadas. Con estas líneas damos apertura a una serie de artículos sobre el carácter extremo no sólo de los proyectos energéticos sino también de las infraestructuras y finanzas que demanda la reproducción del capitalismo globalizado.

Este artículo es parte del proyecto Aportes para la crítica y acción contra las energías extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Global Greengrants Fund.