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“Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica” reúne artículos publicados entre setiembre y diciembre de 2016 en la web de Oilwatch Latinoamérica. Con esta revista digital intentamos poner en diálogo diferentes abordajes sobre la energía extrema, aportar elementos para la crítica a la civilización fósil y reafirmar la convicción en la imperiosa necesidad de construir alternativas.

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Por Tatiana Roa Avendaño

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Resumen
En las últimas décadas, de Norte a Sur de Latinoamérica, comunidades locales convocaron y adelantaron referendos, consultas populares, consultas autónomas e iniciativas populares para participar en decisiones relacionadas con proyectos extractivos. Esto ocurrió en Sicapaca, Huehuetenango e Ixtahuacan (Guatemala); en Cerrito, Piedras y Tauramena (Colombia); en Cotacachi (Ecuador), en Tambogrande y Cajamarca (Perú) y en Esquel (Argentina). El curso de estas acciones sugiere varias ideas: i) La utilización de esos mecanismos de participación democrática, reconocidos o no por los Estados, nutre la defensa territorial ya iniciada por muchas de estas comunidades desde hace varias décadas. No son procesos aislados sino integrales de las luchas de resistencia que impulsan las comunidades en diversas parte del continente frente al modelo extractivista impuesto; ii) en cada una, se reflejan percepciones diferenciadas sobre el desarrollo, la gestión de los bienes comunes y la participación democrática; y iii) se reclama por el derecho a decidir sobre su futuro y el de su territorio.

Texto publicado en: Consulta Previa y Modelos de Desarrollo. Aura María Puyana (compiladora), Red Observa

Ver libro completo: http://www.infoindigena.org/attachments/article/580/2016-Consulta-previa-modelos-desarrollo-Colombia.pdf

Ver texto completo del artículo en archivo anexo

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Por Tatiana Roa Avendaño – Censa Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia

Viajé a Haití entre el 5 y el 11 de mayo de 2016 invitada por Broederlijk Delen, BD, organización de cooperación y solidaridad de Bélgica. La emoción era grande. Estaría en el país que inició la ruta de la independencia latinoamericana en épocas de la colonización europea sobre nuestros territorios y en el primero del mundo donde se abolió la esclavitud.

Mi arribo estuvo convulsionado. En Puerto Príncipe, su capital, había múltiples protestas dado que el gobierno aplazó varias veces las elecciones para elegir al nuevo presidente. Así, el vehículo que me llevaba a casa de mis anfitriones tuvo que dar muchas vueltas buscando sortear las manifestaciones. Mientras llegaba, desde lo alto de la ciudad podía ver las secuelas del terremoto de 2010 y pensaba que al otro día madrugaríamos para viajar a Cabo Haitiano.

Llegué al país caribeño para participar en una gira por algunos lugares, organizada por el Colectivo Justicia Minera (Kolektif Jistis Min – KJM) y otras organizaciones haitianas, latinoamericanas, africanas y estadounidenses. Estas contaban con el apoyo de organizaciones de cooperación que trabajan en solidaridad con Haití, entre ellas, BD.

El KJM está constituido por diversas organizaciones y redes haitianas, entre ellas Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen (TK), compuesta por pequeños campesinos; la Plataforma de las organizaciones haitianas de derechos humanas (POHDH), el Movimiento Democrático Popular (MODEP), Justicia y Paz (JILAP), la Oficina de defensores de los oprimidos (DOP) y la Plataforma de Acción para un Desarrollo Alternativo (PAPDA).

El propósito de la gira era compartir nuestras experiencias sobre el avance de la minería y de las luchas que resisten ante sus proyectos en América y África e informar a las comunidades, organizaciones sociales y público en general las consecuencias que podrían tener los proyectos mineros que se vienen planeando para el país caribeño. Fuimos invitadas personas activistas de Ecuador, Perú, México, El Salvador, Congo, Sudáfrica, República Dominicana y Colombia y a nosotras se sumaron el Mining Watch, la Clínica de Justicia Global de la Facultad de Derecho de Nueva York, el Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global (Center for Human Rights and Global Justice), agrupación de estudiantes y profesores de diversos países que apoyan luchas, como su nombre lo dice, por la justicia global. Juntos recorrimos comunidades y visitamos ciudades importantes del país: Puerto Príncipe, Limonade y Cabo Haitiano.

En la tierra de Dessalines, Pétion, Christophe, muchos hombres y mujeres valientes como ellas han tenido que enfrentar la adversidad histórica de una injusta condena por haber desafiado al poder colonial para alcanzar su liberación: Francia impuso una indemnización de 150 millones de francos oro al pueblo haitiano para reconocer su independencia, valor equivalente, a precios de hoy, a 21 mil millones de dólares, que les ha llevado al empobrecimiento económico de su población.

Lastimosamente para mí, sólo pude llegar cuatro días después de haber iniciado la gira. Me integré al grupo en la ciudad de Limonade, nombre que los españoles dieron a este lugar (en su idioma, Pueblo del Limón debido a la presencia de muchos árboles de esta fruta). Pero pude entonces asistir a un multitudinario foro y a un acto cultural en la Universidad del Estado de Haití, Campus Roi Henri Christophe, que tiene una infraestructura moderna sorprendente. Luego me enteré de que este campus abrió recientemente sus puertas para su funcionamiento y fue donado por el gobierno de República Dominicana al pueblo haitiano.

Limonade se encuentra a menos de una hora de Cabo Haitiano, en el noroeste de la isla y estando allí pude conversar por primera vez con las delegaciones internacional y haitiana que venía de recorrer las comunidades que estarían afectadas por los bloques mineros que pretende explotar el gobierno haitiano con empresas transnacionales. Llegaron entusiasmadas de sus visitas a las comunidades campesinas del departamento del Norte.

La minería en Haití

Como en el resto del continente, la “fiebre” de la minería ha contagiado a Haití. El gobierno de este país tiene planes de abrirse a la inversión extranjera en estas materias y, para hacerlo, pretende cambiar la legislación minera. Al respecto, los activistas haitianos informaron durante el recorrido que existe un proyecto de ley disponible desde agosto de 2014, promovido por la Cámara de Comercio Haitiano-Canadiense (CCHC) y formulado por asesores del Banco Mundial.

Los propósitos gubernamentales van andando no obstante las condiciones de alta vulnerabilidad ambiental de la isla por la aguda deforestación (se estima que la cobertura forestal del país es menor del 2%), las intensas sequías, la escasez de agua, la alta frecuencia de fenómenos naturales, así como la debilidad institucional, la corrupción y la inestabilidad política. Además, los proyectos mineros se lanzan en territorios todavía protegidos: los bloques se construirían en una región campesina y con mucho verde, el Macizo du Nord, en el departamento del Noroeste,  que contrasta con el escenario de deforestación y aridez mencionado.

La ley echaría por la borda aquella vigente desde 1976, con la consecuencia de alentar notorios retrocesos en términos económicos y de soberanía frente a la riqueza minera. El colectivo KJM y Camille Chalmer, reconocido economista y activista haitiano que hace parte de la Plataforma Haitiana de Incidencia para el Desarrollo Alternativo, PAPDA, alertan con respecto a que el proyecto de ley, siguiendo la tendencia de las últimas reformas mineras en Latinoamérica, no establece un régimen de regalías que garantice beneficios para Haití.

En 2012, el gobierno ya había entregado algunas concesiones para exploración minera. Estas se encontraban en Morne Bossa, muy cerca de Limonade y se otorgaron a empresas como VCS Mining Inc., Majescor Resources Inc., Newmont Mining Corp. y Eurasian Minerals Inc. Sin embargo, meses después se suspendieron cuando el Congreso haitiano declaró una moratoria minera “tras decretar que los permisos expedidos ya no eran legales” (Ver: http://www.diariolibre.com/economia/economia-personal/minera-en-hait-en-espera-entre-incertidumbre-y-oposicin-KQDL1098121), mientras aclaraba si “el país tiene la capacidad para regular adecuadamente una industria tan compleja” (Ibidem).

Ahora, los grupos organizados de la sociedad haitiana cuestionan el camino propuesto por el gobierno de su país. Consideran que pone los intereses de las transnacionales por encima de los del Estado y la población, dado que podría provocar graves conflictos ambientales, en la salud pública y en el agua. El KJM ha demandado al gobierno nacional declarar una moratoria de quince años a la prospección, exploración y explotación minera argumentando la ausencia de una política pública para esa actividad, la falta de capacidad institucional estatal y la poca transparencia en el desarrollo del sector.

Recorriendo Haití

De Limonade, partimos hacia Cabo Haitiano (Cap-Haïtien, en francés; Okap o Kapayisyen, en criollo), para pasar la noche antes de viajar a Puerto Príncipe. En lo alto de la loma, donde quedaba el hotel al que llegamos, teníamos una vista hermosa de la ciudad y pudimos contemplar su arquitectura y el puerto. El hotel es una antigua construcción, recientemente restaurada, que debió pertenecer a algún rico comerciante. Cabo Haitiano fue en el siglo XVIII el más floreciente puerto económico y concentraba entonces las principales actividades comerciales del país. Sus viejas edificaciones de arquitectura colonial francesa conservan su esplendor. En ellas, es posible imaginar lo floreciente de este país antes de que Francia boicoteara su economía y de ser condenado a la mayor pobreza del continente.

Desde el puerto de Cabo Haitiano, salen a los mercados internacionales el banano, el café, el azúcar y el tabaco, pero la economía de este lugar también es ahora movida por la industria turística. Hay muchos atractivos; la bella y conservada arquitectura de la ciudad, el fuerte de la Citadelle Laferrierre, creado en el siglo XVII por los franceses y declarado hace unos años patrimonio de la Humanidad, y las hermosas playas caribeñas del departamento Norte.

La noche que pasamos en Cabo Haitiano pudimos escuchar a lo lejos los tambores del vudú, religión principal del pueblo haitiano. Al otro día, emprenderíamos un recorrido por tierra para llegar a Puerto Príncipe, donde tendríamos las últimas reuniones e intervenciones en algunos medios de comunicación locales.

Aunque teníamos la expectativa de ir a la Citadelle Laferriérre, el día amaneció lluvioso, de manera que esta visita se suspendió y emprendimos la marcha por la antigua carretera que comunica a Cabo Haitiano con Puerto Príncipe. El trayecto nos tomaría alrededor de ocho horas en un viejo bus lleno de haitianos, latinoamericanos, africanos y estadounidenses, quienes a estas alturas de la gira sentíamos cansancio,  pero ante todo, una gran hermandad y camaradería.

Casi no hubo paradas en el camino, pero pudimos observar lo diversa y bella que es Haití. Para algunos, este viaje significó romper con el imaginario de un pueblo triste y pobre y ver el contraste entre el verde de las montañas del norte y el color tierra de las áridas y deforestadas colinas que rodean Puerto Príncipe. Anduvimos en medio de la lluvia y la niebla, atravesamos poblados campesinos, cultivos de arroz y lugares donde era mágica la sensación de que nos encontrábamos en medio de Haití.

Llegamos a la capital al caer la tarde y agotados; en un hotel de religiosos cristianos nos esperaba una rica y caliente comida que habían preparado otros de los anfitriones, quienes también atendían las últimas actividades de esta larga jornada de solidaridad con el pueblo haitiano: foros públicos y una rueda de prensa.

Durante toda la gira, el rol de los y las jóvenes haitianas fue determinante. Provenían en su mayoría de organizaciones campesinas y estudiantiles y algunos recién egresados de las universidades hacían parte de los grupos encargados del evento. En sus caras siempre hubo una sonrisa y vimos la disponibilidad para resolver nuestras inquietudes. Por el notorio compromiso con su pueblo, asumieron con seriedad sus labores y fueron protagónicos en cada actividad. La lucha contra la minería y por la defensa del territorio en Haití tiene rostro joven.

Ya para terminar

Las calles de Puerto Príncipe están llenas de ventas callejeras con alimentos locales y artesanías. Su colorido y diversidad son impresionantes, igual que el barullo de la gente y de los carros, trasfondo de la escena. Los buses con tintes me recuerdan los Jeepneyes de Filipinas o nuestras chivas colombianas. A lo lejos, en las colinas, se pueden ver los techos de las nuevas construcciones para la gente que perdió su vivienda por el terremoto de 2010, que dejó más de 200 mil muertos. Aunque se cree que alrededor de 60 mil haitianos aún viven en campos de desplazados internos y otros miles, en construcciones precarias. Los huracanes también hacen de las suyas y cada cierto tiempo azotan la isla y la ciudad.

Los haitianos son gente talentosa y creativa, eso se refleja en sus artesanías y pinturas. En ellas expresan la riqueza de su cultura. Echan mano de cualquier material nuevo o reciclado como la madera, la tierra, el metal: hierro o aluminio (reciclan toda lata de aluminio que cae en sus manos), las telas, las hojas de plátano y las ramas de palma, el plástico para armar fabulosas piezas de arte o artesanía.

Su pintura es maravillosamente colorida y tiene un fuerte arraigo con sus raíces africanas. Trasmite misterio, cuentos y creencias ancestrales traídos de los tiempos de la esclavitud. En ella están presentes deidades del vudú (vèvè o lúas), al no ser muy explicitas, estas figuras pasan desapercibidas para los turistas que compran las pinturas.

Son muchas las historias dolorosas de este territorio: a la injusta condena económica referida y al terremoto reciente, se suman los huracanes frecuentes, las consecuencias de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH por sus siglas en francés), impuesta desde 2004; el permanente asedio e injerencia de Estados Unidos, el cólera que recorre penosamente Haití dejando una estela de muertos. Sin embargo, en mi memoria estarán siempre presentes estos días de alegría y reflexión, las sonrisas y el entusiasmo de la juventud que defiende lo suyo, la majestuosidad del Caribe, el verde de las montañas del norte, el colorido y barullo de sus calles y el talento de sus artesanos y artistas.

Haití seguirá siendo para mí, el pueblo que marcó a América el camino de la rebeldía y que nos mueve hoy a los latinoamericanos.

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Fotografía: Puerto de Barrancabermeja. Tatiana Roa Avendaño

Por: Tatiana Roa Avendaño

La victoria del ‘no’ a la refrendación de los acuerdos de terminación del conflicto armado en Colombia llevó a una renegociación entre el gobierno colombiano y las Farc ¿Qué se ha firmado en el nuevo Acuerdo? Quienes ganaron el plebiscito pusieron mucho interés en que cambiara el contenido del punto, “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, ¿por qué?, ¿en qué ha quedado finalmente?

El país esperaba de 2016 que trajera a la mayoría del pueblo colombiano una esperanza de cambio, después de 4 años largos de conversaciones entre el gobierno y la organización insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en las que además de la finalización del conflicto armado con esa guerrilla, se promovía “la construcción de una paz estable y duradera”. Esas conversaciones abordaron, además de los aspectos particulares de las partes sentadas en la mesa, otros propios de la vida de las mayorías, como la tierra y la inclusión de sectores por siempre excluidos. Aunque los diálogos tenían lugar en una isla del Caribe, Cuba, y poco se vivía en Colombia el día a día de lo que sucedía allí, sí se percibía con mayor o menor intensidad una promesa de transformaciones.

Pero lo más aturdidor ocurrió el 2 de octubre. Unos días antes, en Cartagena, gobierno e insurgencia habían firmado el acuerdo y mediante un plebiscito se esperaba su refrendación por parte de la sociedad colombiana. La pregunta que se hizo para votar SÍ o NO fue: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”. Ese día, triunfó el NO. Un resultado incomprensible fuera y dentro del país.

El resultado del plebiscito obligó a gobierno y a insurgencia a revisar lo acordado. Después de casi dos meses, el 24 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos y el máximo Comandante de la organización guerrillera firmaron el que se llamó “nuevo acuerdo”, esta vez, en Bogotá.

¿Qué pasó en el plebiscito?

En agosto de 2016 se llegó al cese bilateral y definitivo de hostilidades entre el gobierno y las FARC, con el que se tuvo la seguridad de que se firmaría el acuerdo. Para refrendar este acuerdo se pactó la realización de un plebiscito y durante dos meses tuvo lugar la campaña para ganar adeptos para uno y otro bando. Pero entre las dos campañas hubo una gran diferencia: la del SÍ fue dispersa, mientras la del No se montó y afianzó sobre la mentira y el miedo. El Centro Democrático, el sector político más retrogrado del país, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y las iglesias desempeñaron un enorme papel entre sus seguidores, a quienes auguraban un futuro tenebroso en caso de aprobarse ese acuerdo.

Otras razones para explicar la victoria del no fue la enorme abstención, en buena medida porque la mayor parte de la gente desconocía el contenido de lo acordado y tampoco había existido ninguna labor de acercamiento permanente a la ciudadanía para que conociera y asimilara lo que estaba sucediendo en Cuba. También hubo personas que votaron NO al acuerdo porque denunciaban así la falta de una participación social efectiva en el proceso de negociación y reclamaban su derecho a haber tomado parte de él; otras criticaban su alcance porque no atendía las reivindicaciones y exigencias de la sociedad para llegar a una paz con justicia social. Por último, entre los motivos del NO estaba la baja popularidad del presidente Santos en ese momento, quien con sus políticas y programas ha contradicho su discurso por una paz como camino hacia un cambio real en favor de los sectores populares. En sus dos periodos presidenciales, ha impulsado la llamada “locomotora minero – energética”, brindando incentivos a la inversión extranjera en detrimento de los bienes naturales del país, y ofreciendo bloques mineros y petroleros por toda la geografía colombiana, con las consecuencias que esto ha traído a las poblaciones, a los territorios y a la nación en general.

Lo que quedó sobre la tierra en el nuevo acuerdo

A pesar de las alertas lanzadas por las movilizaciones y por sectores de opinión acerca de la posibilidad de que se estuviera fraguando un pacto entre élites, las negociaciones para reformular el acuerdo definitivo fueron consolidando un pacto entre élites. Esto puede verse con claridad en el texto definitivo del acuerdo sobre el campo colombiano.

Todo lo concerniente a la tierra ya fue el eje central de las conversaciones entre las Farc y el gobierno en La Habana. Se trató como primer punto del acuerdo y su importancia obedece tanto a las implicaciones de este tema en la historia de la organización insurgente como al hecho de que la propiedad de la tierra ha estado en el centro de las causas de la guerra en el país. En este punto, en el nuevo acuerdo se hicieron concesiones decisivas a los promotores del NO en el plebiscito que cambiaron en buena parte la naturaleza de lo originalmente aprobado.

Los promotores del NO exigieron y lograron que el nuevo acuerdo señalara explícitamente el respeto a la propiedad privada y el reconocimiento a la producción empresarial de gran escala: “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”, dice el nuevo texto. Esto significa que el Fondo de Tierras en el nuevo acuerdo solo prevé la restitución de 3 millones de hectáreas de las 8 millones que se estima les fueron arrebatadas a sus propietarios durante el conflicto armado y que se conformaría principalmente con terrenos baldíos1 (extensiones de tierra pública y no titulada, tierras provenientes de reservas forestales y/o de extinción de dominio), seguramente sin tocar a los señores de la tierra, nombre dado a los terratenientes colombianos, unos de los principales responsables del despojo.

El nuevo acuerdo introdujo también el principio de “desarrollo integral del campo”, entendido como el “balance entre las diferentes formas de producción existentes –agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala–”. De esta forma, se concibe un campo donde deben coexistir la agricultura campesina y la agricultura comercial de gran escala, pero bajo la óptica de “la inversión en el campo con visión empresarial” y la promoción de la asociatividad entre ambas, lo que pone en desventaja a la agricultura campesina, olvidada desde hace décadas en las políticas agrarias y los programas gubernamentales orientados a favorecer a la agricultura comercial.

El nuevo texto incluye y prioriza como beneficiaria del Fondo de Tierras a la “población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas”, y ya no se extenderán los beneficios exclusivamente a “los trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada”, como lo decía el texto original. Hablar de “población rural victimizada”, además, incluirá a medianos y grandes propietarios que son considerados víctimas de la guerra.

Otro aspecto polémico del nuevo acuerdo es que se incluyó la formalización de la legalización de unos 7 millones de hectáreas de tierra pues ello significa “regularizar los derechos de propiedad” de los propietarios y ocupantes, “siempre que no haya despojo o mala fe”. Esto se ha utilizado para presionar a que se legalicen las tierras usurpadas durante el conflicto porque ahora sus propietarias son personas que, sin ser directamente las victimarias, las adquirieron después. Esto ha venido entorpeciendo la recuperación por parte de quienes fueron despojados de sus tierras en el conflicto.

Paz con justicia social y ambiental

El triunfo del No hizo palpables los intereses de la élite ligada a la tierra y por ende, los de los sectores afines a la guerra, con la que mejor pueden mantener sus privilegios. Entre estos grupos de poder y el representado por el presidente Juan Manuel Santos, pudiera estarse trazando un puente, mucho más cuando lograron un acuerdo para desarmar a la organización guerrillera y hay un contrincante ahora menos peligroso. Esto no significa decir que no se está porque se acabe la confrontación armada, sino que hay un escenario nuevo para las élites.

El reto de las organizaciones sociales y políticas que jalonan la construcción de la paz está en impedir la consolidación de un pacto de élites y, al tiempo, en fortalecer las propuestas desde el campo popular en distintos escenarios. En este momento, este desafío tiene un centro de atención: conseguir que se acaben las muertes sistemáticas de líderes sociales que defienden los territorios.

El pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, diversas organizaciones ambientalistas colombianas le expresamos al estado colombiano y a la ciudadanía nacional e internacional nuestra preocupación por esos asesinatos. Porque mientras se habla de paz, se agrava la situación de derechos humanos de quienes defienden la tierra y el territorio. Más de 96 personas líderes sociales y ambientalistas han sido asesinadas y más de 200, amenazadas en el último año. Nada más contrario a la construcción de paz en el país.

No obstante, es preciso continuar respaldando el espíritu del acuerdo recientemente firmado entre el gobierno y las Farc, lo mismo que la búsqueda de un proceso serio y definitivo de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda fuerza insurgente colombiana.

En la perspectiva de construcción de paz, dichas organizaciones, proponemos lo siguiente:

En el camino de construcción de la paz, tenemos que llegar a lo más profundo: nuestra reconciliación entre hermanos y hermanas de una misma nación, al tiempo con la reconciliación como especie y como sociedad con la naturaleza, nuestra madre que nos alberga en la supervivencia y en la vida.

La VIDA es sagrada y solo sobre ese principio ético y moral podemos construir la paz, de ahí que es fundamental ofrecer garantías de protección inmediata a la vida en todas sus formas, haciendo realidad los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza, lo que implica garantizar el derecho a la vida de las personas que defienden los derechos de las comunidades y de nuestra Madre Tierra.

Es prioritario y urgente reconocer lo ambiental como núcleo fundamental en los conflictos históricos de Colombia, la naturaleza ha estado presente en el conflicto armado en su doble condición: como escenario y como botín de la guerra, y en esta noción se incluyen los territorios y los cuerpos de los seres humanos, que también son naturaleza.

La construcción de paz en Colombia exige la justicia social y ambiental, nada se alcanzará en el rumbo de la paz sin una ética y un habitar armónico con la Naturaleza que sean su base y fundamento. Son más de cinco siglos de agresiones a las relaciones ecológicas, a los ciclos biológicos, a los flujos de materia y energía y a los cuerpos humanos, que son la misma tierra, que están llegando a límites críticos.

Es imprescindible reconocer a todos los pueblos como sujetos políticos de cambio y permitirle a todas las comunidades desempeñar un papel protagónico en las decisiones y políticas ambientales, dignidades históricamente negadas.

De particular importancia son las iniciativas que consideran la naturaleza no como recurso, sino como sistema del que hacemos parte; iniciativas que tratan de superar la cultura individualista, discriminatoria y competitiva

Recuadro

Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico: ¿otra contrarreforma agraria?

En materia de tierras, desde 2015 se venían dando ya las inconsistencias con lo que se anunciaba en las conversaciones entre el gobierno colombiano y las Farc. Mientras en La Habana se hablaba de un acuerdo que reduciría la profunda desigualdad en la propiedad de la tierra, en Bogotá, se negociaba una ley en el Congreso de la República para crear las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), con el interés de que las corporaciones nacionales o transnacionales pudieran acceder a extensiones sin límite por medio de concesión o arrendamiento (Guereña, 2016: 62).

Tatiana Roa Avedaño Ambientalista colombiana, coordinadora general de Censat Agua Viva

* Texto publicado en la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. No. 27. Enero 2017

1. “En Colombia, las tierras estatales (denominadas “baldíos”) solo pueden ser adjudicadas a quienes carezcan de otras propiedades y no superen un determinado nivel de ingresos, y se prohíbe expresamente su acumulación por encima de la “unidad agrícola familiar. Sin embargo, la compra a través de sociedades pantalla y otro tipo de maniobras jurídicas han servido para que algunas empresas de capital nacional e internacional, entre ellas una que fue subsidiaria de la multinacional Cargill, se hiciesen de forma irregular con un total de dos millones y medio de hectáreas a lo largo de los últimos 30 años”. (Guereña, 2016: 62)

PARA SABER MÁS

Acnur. 2016. Tendencias globales sobre refugiados y otras personas de interés del ACNUR, 2016. http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/

El Espectador. 2016. La cuestionable estrategia de campaña del no. En http://www.elespectador.com/noticias/politica/cuestionable-estrategia-de-campana-del-no-articulo-658862.

Goebertus Estrada, Juanita. 2016. Una reflexión para quienes votaron ‘No’ en el plebiscito. En http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cuales-fueron-los-cambios-del-nuevo-acuerdo-de-paz/16752039.

Guereña, Arantxa. 2016. Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina, Oxfam. Urrea, Danilo y Forero, Lyda. 2016. Colombia: el NO a la refrendación de los acuerdos y los nuevos caminos de construcción de paz. En http://censat.org/es/analisis/colombia-el-no-a-la-refrendacion-de-los-acuerdos-y-los-nuevos-caminos-de-construccion-de-paz

Varios autores. 2016. Cinco temas claves para que la guerra y la paz no falle En: http://censat.org/es/analisis/cinco-temas-claves-para-que-la-guerra-y-la-paz-no-falle-2

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Ilustración: Angie Vanessita

Por  Tatiana Roa Avendaño (Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia) y Hernán Scandizzo (OPSur)

 

Aún están frescas las imágenes del incendio de la plataforma Deepwater Horizon, cuando perforaba el pozo Macondo en el Golfo de México, en abril de 2010. La explosión e incendio dejó once trabajadores muertos y, después de más de tres meses de intensas labores, la petrolera BP logró controlar la situación. Para entonces habían sido vertidos al mar Caribe más de 700 millones de litros de crudo y otros varios millones más de litros de agua de formación. La magnitud del desastre expresa los riesgos que conllevará la ampliación de la frontera extractiva y tecnológica, y es lo que algunos autores han denominado energía extrema.

Este concepto de energía extrema se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales. La era de los hidrocarburos fáciles de extraer está llegando a su fin, si no lo ha hecho ya. Los objetivos de empresas y gobiernos para sostener la matriz fósil son las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extra-pesados, las arenas bituminosas e incluso desarrollos biotecnológicos para aplicar en procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos en pozos agotados.

En el mismo combo aparecen los yacimientos en el mar, cada vez más alejados de la costa, en aguas más y más profundas, que son extraídos, en algunos casos, luego de atravesar gruesas capas de sal. También estos yacimientos están conociendo las delicias de la fracturación hidráulica, para revertir la caída de la producción. Y el carbón alojado en las profundidades de la tierra, inaccesible para la minería convencional, despierta el interés de gobiernos y empresas, del mismo modo que el gas allí contenido. Miles y miles de toneladas de carbono que serían lanzadas a la atmósfera si esos hidrocarburos son extraídos e inyectados al mercado energético y la industria petroquímica para extender la decadencia de la civilización fósil.

Otra característica de este modelo de extracción extrema es que en muchos casos se trata de gas, crudo y carbón a los que se accede ampliando la frontera extractiva sobre tierras campesinas y de pequeños productores, aguas de pescadores artesanales y territorios indígenas y afrodescendientes. Una expansión acompañada de conculcación de derechos, que da lugar a desplazamientos de población, desaparición de saberes y culturas, así como también la muerte de economías locales y regionales. Es decir, constituye una amenaza contra la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos. Una violencia simbólica y material que es intrínseca a la energía extrema, y que significa además una profundización de la violencia sobre los cuerpos y la Naturaleza no humana. No sólo por la irrupción en ecosistemas frágiles y por profundizar la degradación de los ya impactados, sino también por el empecinamiento de seguir apostando a la matriz energética responsable de la crisis climática y el calentamiento global.

Esta ampliación de frontera hacia escenarios extremos implica además condiciones laborales de mayor riesgo. Quienes trabajan en esos proyectos no sólo están expuestos a condiciones meteorológicas rigurosas -como sucede en las operaciones en el Ártico o en alta mar- sino también a la toxicidad de los insumos químicos utilizados, por ejemplo, durante fracturación hidráulica, o a los desarrollos biotecnológicos diseñados para incrementar los niveles de extracción y los procesos de transformación de hidrocarburos pero también a riesgos más altos de accidentes laborales por ejemplo por explosiones.

Por otra parte, el gas y el crudo alojados en yacimientos profundos y/o compactos, o ubicados en lugares remotos, demandan más infraestructura y despliegue logístico, tanto para llevarlos hasta la boca del pozo como para inyectarlos al mercado. Esto se traduce en la perforación de cientos y miles de pozos, el tendido de ductos, la instalación de compresores, tanques, etc.; en síntesis, una mayor ocupación territorial e industrialización de áreas rurales y del paisaje en general, y la expulsión de las poblaciones que no son funcionales al nuevo uso del espacio.

A ello se suma que cada barril obtenido de estas explotaciones requirió un mayor consumo de energía, es decir, su rendimiento es menor. Además, demandó mayores recursos financieros que las explotaciones convencionales, que en muchos llegan a la compañía en forma de subsidios estatales, ventajas impositivas y precios sostén, que son transferidos desde los bolsillos de la población.

Baja del precio del crudo y continuidad de los proyectos extremos

La caída sostenida del precio de crudo muy por debajo de los 100 dólares no se ha traducido en un automático golpe de timón de los gobiernos de la región en sus políticas petroleras, ni ha significado la inmediata inviabilidad de los proyectos de energía extrema en América Latina. Sin duda hay una desaceleración, pero en la medida en que no exista la decisión política y el nivel de movilización para avanzar en la desfosilización de la matriz energética y del modelo productivo (los hidrocarburos como insumo no energético), estos proyectos representan la nueva frontera ante el agotamiento global de los grandes yacimientos convencionales.

Para seguir en carrera las empresas apuestan a reducir la cadena de costos, es decir, despedir o promover el retiro voluntario personal, bajar salarios, eliminar conquistas laborales -beneficios no financieros: descansos, calidad de la alimentación, etc.), eliminar intermediarios, desarrollar y aplicar innovaciones tecnológicas, entre otras variables. También desde el sector corporativo presionan para que los favorezcan con ‘políticas de incentivo’ como subsidios, ventajas impositivas, y precios internos superiores a la cotización internacional. De esta manera se transfieren los costos financieros -además de los sociales y ambientales- a los usuarios, que pagan la energía y combustible más caros, como ocurre en Argentina. Por otra parte hay que tomar en cuenta que países como Ecuador y Venezuela han tomado préstamos de China respaldados con su crudo, lo que también define la marcha sostenida tanto sobre la Amazonía como sobre la Faja del Orinoco. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, son más de U$D 46.000 millones en créditos.

Las fronteras extremas de América Latina

Si bien desde principios de la década y hasta entrado 2014 la mayoría de los países de la región, con más o menos intensidad y convicción, tenían a los hidrocarburos de lutitas y al fracking en sus agendas, esto no se ha plasmado en grandes avances en territorio. A nivel regional el fenómeno del shale sólo ha tenido impacto masivo, o relativamente masivo, en Argentina con Vaca Muerta, mientras que en México, el otro país estrella, ha sido menor, y en Colombia hay un firme interés de las autoridades en avanzar en esa dirección. Sin embargo, tampoco significa que haya desaparecido el interés por las formaciones compactas, el desarrollo de campos de tight sands ha cobrado impulso tanto en Argentina, como en México y el extremo sur de Chile. Los costos de producción en arenas compactas son considerablemente menores que los del shale, lo que las vuelve particularmente atractivas para las empresas.

Por otra parte, una frontera que no cesa de ampliarse en la región es la off shore. Brasil desde el descubrimiento del presal, hace una década, apuesta fuertemente a su explotación, incluso las autoridades no le han dado mayor importancia a los bloques con potencial en crudo y gas de lutitas. Éstos tampoco despertaron el interés de las empresas en las últimas rondas de concesiones petroleras. La impetuosa convicción de avanzar hacia el mar emerge también en el conflicto que se suscitó en 2015, cuando el gobierno federal intentó flexibilizar los sistemas de licenciamiento ambiental para las explotaciones costa afuera, una reforma que fue resistida por los trabajadores de las agencias de control ambiental. Hay que tener en cuenta que en el caso del presal los hidrocarburos se alojan a una profundidad cercana a los 7.000 metros; allí se concentraría el 90 % de las reservas petrolíferas probadas y el 77 % de las gasíferas.

Por otra parte la francesa Total comenzó este año la perforación un pozo en la plataforma marítima uruguaya, a 200 kilómetros de la costa. Atravesará 3.400 metros de “columna de agua” y otros 3.000 bajo el lecho oceánico en busca de hidrocarburos. Un proyecto extremo que marca un hito en la región, en un país que carece de antecedentes de explotación de hidrocarburos. También Colombia avanza sobre yacimientos en aguas profundas del Mar Caribe, al igual que Nicaragua y Honduras. Chile, por su parte, a raíz de perforaciones exitosas realizadas por la estatal ENAP, apunta a consolidar sus desarrollos offshore en el Estrecho de Magallanes, al igual que ampliar las explotaciones de bloques de tight gas en la isla de Tierra del Fuego.

En tanto los crudos pesados y extra pesados son centrales en países de la región como Venezuela, con la Faja del Orinoco, y Colombia, en la región de los llanos. Por otra parte, más allá de las características de los hidrocarburos y de las formaciones que los contienen, tanto la Amazonía como el Chaco Sudamericano constituyen la nueva frontera por excelencia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, avances que se concretan, en muchos casos, sobre territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas y áreas naturales protegidas.

Detrás de los discursos de salvación o abundancia con que son promocionados los diferentes proyectos de energía extrema en nuestros países, están las otras realidades arriba mencionadas. Con estas líneas damos apertura a una serie de artículos sobre el carácter extremo no sólo de los proyectos energéticos sino también de las infraestructuras y finanzas que demanda la reproducción del capitalismo globalizado.

Este artículo es parte del proyecto Aportes para la crítica y acción contra las energías extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Global Greengrants Fund.

IMG_6410.JPGPor: Tatiana Roa Avendaño – Coordinadora general de Censat Agua Viva

Don Reynaldo es un agricultor y ganadero que llegó a mediados de los ochenta al Bajo Simacota, un municipio de Santander, buscando dónde trabajar. En la tierra que se asentó, hay vestigios de un antiguo pozo petrolero, abandonado cuando la broca, quedó atrapada en el fondo del pozo. Según dicen, lo perforaron en la pasada década del cincuenta, nunca fue puesto en producción. Allí quedó una profunda fosa de casi dos metros, que se hizo para instalar el taladro y otras facilidades del pozo, que don Reynaldo y su familia han tratado de tapar con madera, pues ahí han caído animales y han muerto.

En lo que fue la antigua plataforma petrolera, don Reynaldo ha sembrado cientos de árboles. Además, su finca es rica en frutales, cultivos y ganado, de manera que quien desconozca la historia no puede ni imaginar que por allí estuvo buscando petróleo la empresa estadounidense Tropical Oil Company, más conocida como la Troco.

Allí vive junto a su familia y luego de muchas violencias por fin comenzó con sus seres queridos y sus vecinos a vivir en paz. Cuentan que por allí, a finales del siglo pasado e iniciando este, vivieron tiempos de zozobra cuando los diversos actores armados del conflicto colombiano se disputaron el territorio. La tranquilidad de la zona fue la conquista de los campesinos de esta región que se propusieron vivir tranquilos en su paraíso.

Sin embargo, en 2011, nuevamente llegó la perturbación al instalarse una empresa de sísmica contratada por la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, aunque sus representantes dijeron a algunas personas del lugar que “iban a hacer unos estudios y que eso no era perjudicial para nadie”. Lo curioso fue además que a otras les dijeron que estaban haciendo unas “caminatas ecológicas”, mientras que en realidad venían en búsqueda de nuevas reservas petroleras.

IMG_6403Don Reynaldo cuenta que a su finca, que tiene “180 hectáreas, le metieron 96 bombas, es decir, una bomba por cada dos hectáreas”. Y continúa: “un bombardeo como ese nos destruyó nuestras aguas. Las hemos perdido en el 50% y nuestra quebrada ahora se seca en verano”.

Don Reynaldo está claro en no permitir que las petroleras continúen avanzando, porque para él, la sísmica es “un terrorismo a la tierra y el agua”, que les ha destruido esas que son sus más grandes riquezas.

Por eso ahora, él y otras personas de la región temen que Parex, una empresa canadiense que llegó a la zona en los últimos meses, esté queriendo hacer fracking en su territorio. Y ellos no están dispuestos a sufrir de un nuevo terrorismo, solo quieren vivir en paz.

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Ilustración de Angie Vanessita Cárdenas Roa.

http://sakuritadesign.blogspot.com.co/

Este artículo fue publicado en la Revista Semillas No. 63/64

Artículo autoría de Tatiana Roa Avendaño1

Introducción

A la finca de don Luis, un agricultor de Betulia, Santander, llegaron en desbandada miles de aves y animales hambrientos que tuvieron que huir de su hábitat cuando se llenó la represa construida en el río Sogamoso y con ellos se inundaron, en junio de 2014, más de 7 mil hectáreas del valle del río. La represa los desplazó. Ahora, las aves se comen el maíz que siembra el agricultor y los cerdos salvajes, como otros animales silvestres, acaban con la guanábana, el cacao, el banano, la naranja, la mandarina, la papaya o cualquier otro fruto que encuentren en su camino.

Don Luis ha tenido que adaptar sus cultivos para enfrentar el desplazamiento de los animales y también los cambios de temperatura y humedad que provoca el embalse de la represa, más conocida como Hidrosogamoso. El asunto es, según él mismo explica, que las flores y los frutos de las plantas se caen tempranamente por esos cambios, de manera que se pierde gran parte de su producción.

Caminamos con él por su finca, ubicada en las estribaciones de la Serranía de los Yariguíes. En ella, aún pueden observarse vestigios de caminos, seguramente indígenas, pero que hoy llevan el nombre de Lenguerke, un alemán contratado, por el Estado colombiano, en el siglo XIX para que abriera trocha hacia el río Magdalena. Los caminos se hacían con el fin de abrir nuevas rutas para el comercio fluvial, de facilitar la extracción de madera, pieles y otros bienes naturales de las selvas que cubrían el valle del río y era, territorio del pueblo indígena Yareguie o Yariguíaa.

La finca de don Luis es hermosa. Gran parte de ella es “montaña”, como llaman los campesinos a los terrenos de selva aún sin colonizar y alrededor de la casa donde habita se pueden observar diversos cultivos de cacao, con multitud de colores en sus frutos; también aguacates, plátano y muchos frutales.

La familia Ortiz, también de Betulia, cosecha aguacate, cacao, café, naranja, mandarina y otros frutales, pero también ha visto decaer la producción de aguacate: de 500 canastillas que sacaron en la cosecha de 2014, se redujo a 80 el siguiente año y este 2016, al parecer, la cosecha será aún menor.

Igual que don Luis y la familia Ortiz, otras miles de los municipios de San Vicente, Betulia, Zapatoca, Lebrija y Girón están padeciendo la hidroeléctrica construida durante los últimos diez años, que inició operación en 2014 y es propiedad de la empresa Isagén, antes estatal y hoy, en manos también privadas.

Hidrosogamoso fue transformando el paisaje desde el comienzo, impidió la pesca y el tránsito libre por el río, destruyó quebradas y contaminó las aguas. Además, durante el tiempo de construcción, llegaron miles de personas al territorio, por las promesas de empleo. Como consecuencia del proyecto se subió el costo de vida (arriendos y productos básicos), y se instalaron en la zona la drogadicción, la violencia y la prostitución.

Estos primeros párrafos son una antesala a lo que persigue este artículo: describir los conflictos y problemáticas provocados por el proyecto Hidroeléctrico Sogamoso y las formas como la gente se organiza para permanecer en su territorio.

Modelo extractivo – exportador

El caso de Hidrosogamoso, ilustra la forma como el sistema económico que domina hoy en el planeta ha ido subordinando las formas de vida rurales debido a que en él las aguas se entienden como un recurso natural indispensable pues puede proveer energía y al tiempo acumular el bien hídrico, de manera que garantiza los modelos de producción y consumo de la sociedad occidental.

En la actualidad, el fenómeno del desplazamiento ambiental o por “desarrollo” provocado por represas es considerado la causa de mayor desplazamiento en el mundo.

En Colombia, las represas han transformado de raíz los paisajes, las culturas, los medios de vida y la economía de extensas regiones. La disminución en la producción pesquera nacional tiene que ver con la construcción de hidroeléctricas en los principales ríos del país, de donde provenía la profunda riqueza íctica. Y no solo se perdió volumen, sino diversidad. Muchas especies endémicas están desapareciendo.

El atlas Ejatlas (https://ejatlas.org/), que coordina el ecologista catalán Joan Martínez Alier ha registrado 120 conflictos socioambientales en Colombia, lo que evidencia que en el país, al igual que en otros países del continente, se vive una vertiginosa carrera para impulsar el modelo extractivo-exportador a nombre del crecimiento económico. Maristela Svampa (2011: 183), considera que esta nueva fase del modelo neoliberal se impulsó luego de que previamente se crearan las bases legales e institucionales que garantizaron la institucionalización de los derechos de las transnacionales, así como la aceptación de la normatividad internacional que les respalda, está sustentada en la “acumulación por desposesión” (Harvey: 2003), máxima expresión de las relaciones capitalistas que intensifica el número de personas que son excluidas de su territorio y obligadas a abandonar sus formas de vida que están ligadas al aprovechamiento de los bienes comunes: biodiversidad, aguas, etc (Roa & Duarte, 2013).

La fase actual del desarrollo capitalista no sólo demanda materias primas sino que requiere grandes cantidades de energía y agua. De esta manera, una multitud proyectos hidroeléctricos han resurgido en el país, despojando a pueblos enteros de sus aguas, asunto que no puede entenderse como el control del simple fluido líquido, sino en lo que en su conjunto encierra la transformación de sus dinámicas hídricas naturales de los ríos.

Con el impulso de los proyectos hidroeléctricos, entre ellos Hidrosogamoso, El Quimbo e Ituango, Colombia espera convertirse en una gran potencia energética, no sólo para cubrir las demandas de energía que crecen con el consumo de los proyectos extractivos, sino que se quiere convertir en un proveedor de energía para una parte de los países vecinos.

El proyecto hidroeléctrico en el río Sogamoso

La gente de la región cuenta que empezaron a escuchar hace cincuenta años de un proyecto hidroeléctrico en el río Sogamoso. La hidroeléctrica se fue convirtiendo en el sueño de la clase dirigente del departamento de Santander, que asocia, como lo han hecho otros dirigentes en otras partes, el dominio de las aguas con un paso para alcanzar el anhelado desarrollo.

El proyecto se retomó a principios del siglo XXI, en el momento que se tuvieron las condiciones económicas y políticas para su construcción y puesta en operación. Hidrosogamoso se construyó en la cuenca baja del río, en el departamento de Santander, en el cañón donde el río se cruza con la Serranía la Paz.

Hidrosogamoso, que tiene un muro de 192 metros de altura, tiene una capacidad de generación de 820 MW, representa el 10% de la demanda energética nacional y para exportar energía eléctrica a los países vecinos. Hace parte de un conjunto de proyectos que se adelantan en la región del Magdalena Medio, en donde intervienen actores económicos nacionales e internacionales.

La hidroeléctrica represó las aguas de los ríos Sogamoso y Chucurí inundando cerca de 7.000 hectáreas, casi la extensión del municipio de Floridablanca (Santander). El proyecto impactó directamente los valles de ambos ríos afectando cientos de predios de varios municipios santandereanos: Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos, San Vicente de Chucurí y Lebrija. Girón aportó la mayor cantidad de tierras al proyecto, con un 31,7% del total inundado, y el territorio de Betulia fue divido en dos partes por el embalse.

De acuerdo con datos oficiales, sufrieron efectos nocivos 900 familias dedicadas a actividades agrícolas, pecuarias y de pesca, pero los afectados consideran que esta cifra están muy por debajo de la realidad. Aseguran que la empresa desconoció en el censo de afectados a familias de campesinos, pescadores, jornaleros, mineros artesanales y a vendedoras de pescado, entre otras comunidades. Se estima que el proyecto hidroeléctrico desplazó a más de mil personas por la inundación y otras miles están damnificadas por las transformaciones de la cuenca.

La empresa quedó con el control de 21.417 hectáreas declaradas de utilidad pública mediante Resolución Ejecutiva 230 de 2008. No sólo el área del embalse y la de la sala de máquinas, sino que están incluidas las zonas de protección, puesto que ISAGEN quedó con el control de cuenca y microcuencas que llevan sus aguas al embalse.

RECUADRO: El territorio.

La hidroeléctrica está construida en la cuenca baja del río Sogamoso, comprende un territorio de nueve municipios. En la parte alta de esta cuenca baja se encuentran Betulia, Girón, San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Lebrija y parte del municipio Los Santos; en la media, Lebrija, otra parte de Los Santos y Sabana de Torres; en los bajos del río, están Puerto Wilches y Barrancabermeja. El río Sogamoso desemboca en el Magdalena, conocido por los yariguies como Yuma.

La cuenca baja hace parte de la región del Magdalena Medio, donde comenzó la colonización a mediados del siglo XIX y se intensificó con el auge petrolero de inicios del siglo XX. Más adelante, la riqueza hídrica y de sus tierras atrajo gentes de la costa, el Eje Cafetero y Antioquia, Santander que, en muchos casos, llegaron huyendo de la guerra, la exclusión y el hambre, buscando tierras para colonizar.

El río y los humedales los proveyeron de alimento y refugio. La abundancia pesquera alcanzaba para todos, incluso daba para comercializar. Además podían usufructuar sus playones e islotes para desarrollar sus medios de subsistencia de pobladores. Aprovecharon las inundaciones periódicas del río para alternar las diversas actividades productivas, entran y salen del río y de las ciénagas dependiendo de la época de lluvia o de sequía, como anfibios entran y salen del río, adaptando a su dinámica natural. Por ello, Fals Borda los caracterizó como pueblos de cultura anfibia.

Pero también la alternancia de actividades está asociada también a la poca estabilidad sobre la posesión de los terrenos que iban habitando. Ecopetrol y las empresas petroleras arrendaban a los campesinos las tierras concesionadas para la actividad petrolera, pero podía cancelarles el control cuando lo quisieran. También lo hizo el Inderena. Además, la concentración de la misma en manos de unos pocos y el desplazamiento forzado ha sido la constante en este territorio. Pero la gente permaneció en el territorio, aprovechando las tierras comunitarias y baldíos, y mediante experiencias de trabajo mancomunado.

La pesca potenció el comercio pesquero movilizando a muchos habitantes que se asentaron allí. También los colonos agricultores alternan sus labores tradicionales de agricultura y minería con las tareas pesqueras. A pescadores, campesinos sin tierra, colonos agricultores, mineros artesanales nunca les faltó el alimento. Además entre las comunidades mantuvieron intercambios de alimentos entre los pobladores de la Serranía y los del río.

En este territorio son varios los factores generadores de transformaciones territoriales: proyectos de infraestructura impulsados en la última década, entre ellos: la Ruta del Sol (doble calzada Bogotá-Costa Caribe), el Tren del Carare (rehabilitará las antiguas vías férreas), el proyecto de Navegabilidad del río Magdalena y la construcción de puertos multimodales sobre el río. Además, están avanzando proyectos de hidrocarburos convencionales y no convencionales (las mayores reservas de gas y petróleo de esquisto se encuentran en esta región), de minería (carbón, uranio y oro) en la Serranía de los Yariguies y de cultivos agroindustriales, principalmente de palma.

En el Sogamoso ha existido una alta diversidad de fauna íctica. Los pobladores locales hablan del pez bocachico, o de la dorada, el blanquillo, el comelón, el capaz, la golosa, las chocas, el boroncoro, la lamprea, el titeto, el hocicón, el capitán, el tierraloca, el bagre y el camarón de río. Incluso, mencionan los caimanes y las rayas. Actualmente, las actividades tradicionales de subsistencia son desplazadas por los daños ecológicos y por la disminución de la oferta de bienes naturales del río.

A todo esto se agrega la construcción de Hidrosogamoso.

Transformaciones territoriales

El 8 de junio de 2014, el río Sogamoso amaneció literalmente seco. El día anterior, a las 6 de la tarde, Isagén inició el llenado del embalse. Sin embargo, una falla técnica, que cerró todas las compuestas, interrumpió por completo el flujo de agua, por más de 12 horas. Miles de peces murieron. Hoy pervive el impacto emocional de este hecho sobre los habitantes de La Playa, un poblado de Betulia “aguas abajo” del muro, sobre el río Sogamoso, quienes en su mayoría nacieron al lado al río.

Una mujer pescadora relató conmovida: “nuestro río esta agonizante, nuestro río está triste, sus aguas ya no sirven ni para cultivar, los niños no pueden nadar en él”. La Playa vivió por décadas de la pesca, el comercio pesquero, el turismo comunitario, la agricultura de pancoger y la minería artesanal de arena. Ahora, hay cambios radicales producidos por Hidrosogamoso. Veámos algunos de estos cambios.

Desplazamiento ambiental

De la región salieron los habitantes que antes vivían en las más de 21 mil hectáreas que quedaron para el control directo de ISAGEN de manera que cientos de familias están sufriendo un nuevo fenómeno de desplazamiento, ya no por la violencia política.

A muchos se les vulneraron sus derechos básicos. La gente cuenta que fueron desplazadas las familias aparceras, en arriendo, o que simplemente se encontraban en las cercanías del río y no contaban con títulos de sus tierras. Dice que la empresa Isagén interpuso contra ellas acciones administrativas, ejecutadas por los alcaldes locales y que en muchos casos las desalojaron mediante el uso indebido de la fuerza. Otras muchas resistieron en su territorio, pero la etapa de construcción de la represa con la consecuente destrucción de sus medios de vida les obligó a irse.

En la actualidad la mayor parte de estos poblados están desolados. La gente se fue a la ciudad. Tuvo que partir hacia las ciudades cercanas: Bucaramanga o Barrancabermeja, donde viven sin mayores oportunidades laborales.

“Aguas arriba”, donde hoy queda el embalse, miles de campesinos perdieron sus tierras. La empresa reubicó a unos pocos, se hicieron nuevos asentamientos, pero, denuncian algunos, los proyectos productivos no “cuajaron” debido, de una parte, a que se impusieron proyectos ajenos a su cultura; de otra, a que existen dificultades de acceso a agua y falta de asesoría adecuada. Además, allí, algunas familias campesinas no cuentan con cuencas abastecedoras de agua, ni mucho menos con acueducto, lo que vuelve penosas las actividades cotidianas y los proyectos productivos, es una directa violación del derecho al agua.

Deterioro de la calidad del agua y pérdida de la pesca

La señora de La Playa tiene razón al advertir que las aguas del río tienen problemas. Un estudio de la Universidad Santo Tomas, liderado por el reconocido ambientalista e ingeniero químico Jairo Puente, concluyó que en las aguas del Sogamoso es grave la falta de oxígeno. De igual manera, dice un periódico local,

se observa que la temperatura del agua en la presa oscila entre los 31 y 32 grados centígrados, mientras que abajo ésta se reduce hasta los 25 grados centígrados. De igual forma, las condiciones de humedad relativa cambian desde 94% y se reduce incluso al 44%2.

Una de las razones de la mala calidad es la no remoción de la materia orgánica, una exigencia de la licencia ambiental, pero también, al represamiento de ríos contaminados:

El río Sogamoso, señala el profesor Puente, se forma de aguas del Chicamocha y del Suárez y el Suárez antes recibe al Fonce [tres de los ríos] más contaminados en Colombia, así que el agua primero que todo no viene de primera calidad, por lo que la licencia ambiental en sí ya exige son unos mínimos y las muestras dan cuenta que en algunos momentos del día hay datos inferiores, favoreciendo condiciones anaerobias, produciendo gases tóxicos y se producen también gases de [efecto] invernadero relacionados con el cambio climático (…) Cuando el oxígeno baja a estos niveles, no es posible que se desarrollen peces, así digan que se han sembrado alevinos3.

Cambios en el microclima y consecuencias

La región de influencia del proyecto se conoce en el país por su producción de aguacates y cacao de alta su calidad4. Además los aguacates criollos de la región son muy apetecidos en el país y en el exterior. Se considera que los suelos de la región y el clima son ideales para la producción de este rico fruto.

Sin embargo, ahora, estos cultivos están amenazados por los cambios en el microclima local, provocados por el embalse.

Hay cambios extremos de la temperatura (muy alta en el día y muy baja en la noche) y en la humedad. La disminución de las cosechas, según los pobladores locales, es notoria: las plantas no “cargan” los frutos, como antes, y además se han incrementando las plagas y enfermedades de los cultivos.

El desplazamiento de animales

Fundaexpresión, organización ambientalista que trabaja en la región, ha tenido que preparar talleres sobre serpientes para las comunidades de los municipios aledaños al embalse. El problema es que una desbandada de culebras ha llegado a las parcelas de campesinos, incluso de otros municipios como Piedecuesta, y están en alto riesgo de ser mordidos por las serpientes. También se conoce de otros animales que han llegado a los cultivos desesperados porque sus hábitats fueron destruidos.

El desplazamiento de animales fue denunciado por los pobladores locales desde la etapa de construcción, pues el ruido y la tala de árboles hicieron que muchos huyeran. Al quedar la obra en medio de la vía Bucaramanga – Barracabermeja, de alto tránsito vehicular, empezaron a verse animales muertos en la carretera. Isagén nunca respondió a las denuncias que se hicieron y se limitó a decir que tenían un plan de contingencia para tal situación. Los animales siguieron apareciendo muertos en la carretera durante el tiempo de la obra.

Con el llenado del embalse, la huida fue masiva y está afectando los cultivos de las comunidades, perjudicando las labores e ingresos de los y las campesinas. Se observa presencia de pumas, tigrillos, marranos, chácharos, tinajos, chiguieros, ardilla, mico careto, mono cotudo, picuro, aves como: chachivos, pericos, churicas, cochas, tulcán, siéntaro papayero. En veredas de Lebrija, Girón, Piedecuesta han aparecido manadas de cerdos monteses o baquiro (Pecarí tajacu). Los cerdos acaban con los cultivos.

La lucha por el Sogamoso

En 2008, los pobladores locales junto a ambientalistas, ONG, trabajadores y sindicalistas del área de influencia de la represa crearon el Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso. En la medida en que avanza la construcción del proyecto, se intensifica en la zona la lucha por el reconocimiento de los derechos. El Movimiento acoge las diversas expresiones de descontentode los pobladores locales, que no se vieron recogidos en la “ilusión desarrollista” o las falsas promesas de empleos por parte de Isagén. Tampoco los convencieron las promesas de inversión social, que resultaron incoherentes con las realidades locales: cursos de panadería o proyectos productivos ajenos a la cultura local.

Por ello, organizan marchas y protestas en la zona y movilizaciones hacia Bucaramanga demandando mayor presencia del Estado y respuestas desde el gobierno departamental. También se han realizado acciones jurídicas demandando respuestas frente a los incumplimientos a la licencia ambiental.

El 14 de marzo de 2011, Día Internacional de Acción contra las represas, el Movimiento adelantó una movilización de tres días, hasta que se instaló una mesa de negociación entre la empresa y los afectados. En esa mesa participaron como garantes, la Diócesis de Barrancabermeja, el Programa por la Paz (PPPMM), algunosONG, asambleístas departamentales y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo.

ISAGEN como en otras ocasiones no cumple y continúa en su trabajo de cooptar líderes y dividir el movimiento en alianza con los poderes regionales y los medios masivos de comunicación.

La última acción de impacto del Movimiento tuvo lugar entre marzo y septiembre de 2015 liderada principalmente por mujeres, que resistieron 6 meses en el Parque García Rovira, frente a la Gobernación de Santander, en unas condiciones extremadamente duras, demandando respuestas frente a la crisis humanitaria que se vive enla zona. El acuerdo entre las manifestantes, la gobernación e Isagén consistió en la promesa por parte de los dos últimos de un predio y proyectos productivos para atender la grave situación. Después de casi un año, nada han recibido los y las afectadas.

El Movimiento regional hace parte desde 2011 de uno más grande, el Movimiento Ríos Vivos. Al vincularse busca fortalecer sus demandas ganando resonancia nacional; pero también se moviliza en espacios regionales: recientemente, en Lisama y San Gil, se unió a otros movimientos de la zona, en el contexto de la Minga Nacional, que obligó al gobierno nacional a negociar con los campesinos y las campesinas del país.

Aunque en condiciones extremadamente difíciles, la lucha continua y el movimiento busca fortalecerse haciendo presencia en múltiples espacios sociales y políticos de la región.

Reflexiones finales

Don Luis sabe que las plantaciones que Isagén está sembrando en las llamadas por la misma empresa áreas de protección del embalse no van a resolver el desplazamiento animal. Sin duda, en medio de pinos y eucaliptos, no encontrarán alimento ni refugio. Por eso, él adapta sus cultivos para que también haya frutales para los animales. “Ellos no tienen la culpa, están aquí porque les han destruido sus lugares de vivienda; nosotros tenemos respuesta para enfrentar esta situación. Sin embargo, Isagén no nos oye”.

Las comunidades campesinas afectadas por Hidrosogamoso son en gran parte pequeños campesinos con muy poca tierra o sin ella, pescadores, mineros artesanales o comerciantes de pescado, cuyos principales medios de subsistencia estuvieron siempre basados en los bienes comunes que les proveían el río o la selva. Para ellos, los daños son significativos y en muchos casos irreparables, pues se destruyeron las relaciones de subsistencia con el río Sogamoso y se transformó el territorio.

Sin embargo, tienen claro que en ellos están las respuestas para restablecer el equilibrio ambiental y social en el territorio. Porque lo conocen. Es por eso que están en la búsqueda de construir nuevas relaciones de producción y nuevas relaciones con la naturaleza que garanticen los medios y la sustentabilidad para que las comunidades puedan permanecer en el territorio.

En eso trabaja a diario el Movimiento Ríos Vivos en Santander.

Referencias

FALS BORDA, O. 2002. Historia doble de la Costa. Resistencia en el San Jorge, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Banco de la República y El Áncora Editores

HARVEY, D. 2003. The new imperialism. Oxford y New York, The Oxford University Press

MCCULLY, P, 2004. Ríos silenciados – Ecología y política de las grandes represas- . Buenos Aires. Editorial Proteger.

ROA AVENDAÑO, T., DUARTE, B., Agosto 2013, “Desarrollo hidroeléctrico, despojo y transformación territorial: El caso de Hidrosogamoso, Santander, Colombia”. En Arroyo, Aline y Boelens, Rutgerd, Aguas Robadas. Despojo Hídrico y Movilización Social. Quito, Abya Yala, Justicia Hídrica y el Instituto de Estudios Peruanos, IEP.

ROA AVENDAÑO, T., 2010. Crisis alimentaria y la respuesta de los mundos locales, el caso de una organización de pescadores, campesinos e indígenas. Tesis de grado. Universidad Andina Simón Bolívar, Quito

SVAMPA, M., 2011.“Modelos de desarrollo, cuestión ambiental y giro eco-territorial”, En Alimonda, Héctor (coordinador), La Naturaleza colonizada. Ecología Política y minería en América Latina, Buenos Aires: Clacso

1Ambientalista, coordinadora general de Censat Agua Viva, Magíster en Estudios Latinoamericano Universidad Andina Simón Bolívar, email: coordinacion@censat.org

2http://www.vanguardia.com/economia/local/307621-alertan-por-el-agua-usada-en-hidrosogamoso

3.Ibid

4En 2015, la Federación Nacional de Cacaoteros anunció la exportación de 1.000 toneladas de cacao de los municipios de San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Zapatoca y Betulia a países europeos (véase http://www.sanvicentedechucuri-santander.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&x=1374095)